Ejecución presupuestaria (1 de 3)

Todos los alcaldes, alcaldesas y Directores de las Juntas de Distritos Municipales, a través de la  Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), que es el gremio que los aglutina, con todos sus derechos constitucionales, les exigen al Gobierno…

Todos los alcaldes, alcaldesas y Directores de las Juntas de Distritos Municipales, a través de la  Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), que es el gremio que los aglutina, con todos sus derechos constitucionales, les exigen al Gobierno Central la entrega del 10% del presupuesto nacional que por ley les corresponde.

Pero estos derechos también contraen deberes con los que hay que cumplir con la ciudadanía.

¿Están realmente nuestros ayuntamientos preparados, organizados y capacitados para administrar correctamente estos recursos? ¿Tienen todos ellos una estructura de control interno establecida? ¿Tienen un sistema de contabilidad y un sistema financiero organizados? ¿Cumplen con la ejecución presupuestaria? ¿Realizan todas sus compras y contrataciones de las obras y servicios a través de licitaciones públicas (leyes 340-06 y la 449-06)? ¿Cumplen con el deber de entregar las informaciones que les son solicitadas en cumplimiento de la ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública? ¿Rinden los informes correspondientes a los organismos de control público, que por mandato de las distintas leyes están obligados hacer a la: Cámara de Cuentas (ley 10-04), Contraloría General (Ley 10-07), Liga Municipal Dominicana (ley 49), Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Ley 126-01), Dirección General de Presupuesto (ley 423-06)? La respuesta a todas estas interrogantes es que,  muy pocos cumplen con  estos mandatos. 

La mayoría de nuestros alcaldes y alcaldesas, así como los directores de las diferentes Juntas de Distritos Municipales manejan estas instituciones de una manera caótica,  ya que no cuentan con un sistema de contabilidad organizado, carecen de los debidos controles internos. 

Dichos incumbentes en su mayoría no tienen una formación financiera, administrativa ni jurídica; no se dejan asesorar por profesionales y técnicos en la materia. Apenas reúnen meros conocimientos de la política vernácula partidaria, por lo que no están en condiciones de manejar correctamente los recursos. En otras palabras, no son gerentes, condición básica para administrar una alcaldía.  l

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