BRASILIA, Brasil (AP) — La presidenta brasileña Dilma Rousseff rompió el viernes su silencio casi absoluto después de más de una semana de multitudinarias y violentas protestas, al decir en un discurso transmitido por televisión en horario estelar que las protestas pacíficas son parte de una democracia sólida, pero que la violencia no puede ser tolerada. Prometió mejorar los servicios públicos, pero señaló que no se conseguirá de la noche a la mañana.
Rousseff, de pie frente a una bandera brasileña, dijo que el gobierno sabía que hay muchas cosas «que podemos hacer más rápido y mejor», y que Brasil «luchó duro para convertirse en un país democrático», pero que ella no tolerará los disturbios realizados por una minoría de los manifestantes.
La mandataria, una ex rebelde marxista que luchó contra el régimen militar brasileño que gobernó entre 1964 y 1985 y estuvo en prisión tres años, además de ser torturada por la junta militar, recordó los sacrificios que su generación hizo para que el país se librara de la dictadura.
«Necesitamos oxigenar nuestro sistema político… y hacerlo más transparente», dijo Rousseff.
Tratar de descifrar la reacción de la presidenta a la agitación se había convertido en un pasatiempo nacional, especialmente después que aproximadamente 1 millón de manifestantes antigubernamentales se lanzaron a las calles la noche anterior en todo el país para denunciar todo tipo de problemas, desde los servicios públicos de mala calidad hasta los miles de millones de dólares invertidos en la preparación de la Copa del Mundo de fútbol el próximo año y los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Río en 2016.
Las protestas continuaron el viernes cuando unas mil personas marcharon en el oeste de Río de Janeiro y algunos saquearon tiendas e invadieron un enorme centro de artes construido con 250 millones de dólares, que permanece vacío después de años de obras. La Policía dijo que algunos iban armados y dispararon contra sus oficiales.
La radio local también reportó que los manifestantes estaban dirigiéndose hacia el apartamento del gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, en el lujoso barrio de Ipanema.
Hubo otras protestas en la ciudad más poblada del país, Sao Paulo, donde el tráfico vehicular estaba paralizado, pero no se reportaba violencia, así como en Fortaleza, en el noreste, mientras los manifestantes convocaban a movilizaciones en 10 ciudades para el sábado.
La Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Brasil se pronunció a favor de las protestas, afirmando que expresa «solidaridad y apoyo a las manifestaciones siempre que sean pacíficas».
«Este es un fenómeno que involucra al pueblo brasileño y el despertar de una nueva conciencia», expresaron los líderes religiosos en el comunicado. «Las protestas nos muestran a todos que no podemos vivir en un país con tanta desigualdad».
Rousseff nunca había sido elegida a un cargo antes de asumir la presidencia en 2011 y se le ve claramente incómoda con toda la atención.
La presidenta es la protegida política del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, un carismático ex líder sindical cuya tremenda popularidad lo ayudó a que eligieran a su ex jefa de gabinete a la presidencia. El estricto estilo de gestión de Rousseff, tecnócrata de carrera y graduada de Economía, cuando era asistente de Lula le ganó el sobrenombre de «La Dama de Hierro», que claramente detesta.
Aunque Rousseff se ha mantenido alejada del público, Roberto Jaguaribe, embajador brasileño ante Gran Bretaña, declaró el viernes al canal de noticias CNN que el gobierno estaba tratando de contener las protestas.
Jaguaribe calificó de «muy delicado» el abanico de exigencias de los manifestantes.
«Uno de nuestros ministros que maneja estos asuntos de la sociedad civil dijo que sería presuntuoso de nuestra parte pensar que sabemos lo que ocurre», expresó el embajador. «Es un proceso muy dinámico. Estamos tratando de conocer qué sucede, porque ¿con quién hablamos, quiénes son los líderes del proceso?»
Los observadores de los temas brasileños fuera del país se habían mostrado asombrados por el silencio del gobierno, aunque Peter Hakim, presidente emérito de la organización Diálogo Interamericano, con sede en Estados Unidos, dijo que conocía la complejidad del panorama político brasileño, especialmente con las protestas en zonas donde la presidenta no es popular.
Hakim dijo que para el gobierno las protestas eran «Un rompecabezas en medio de un enorme laberinto y ella (Rouseff) no puede encontrar la mejor dirección a seguir», acotó.
Carlos Cardozo, un asesor financiero de 62 años que se unió a las protestas el viernes en Río, dijo que pensaba que las manifestaciones pueden costarle a Rousseff las elecciones del próximo año. La semana pasada la presidenta gozaba de un índice de aprobación de 74% en una encuesta del grupo empresarial Confederación Nacional del Transporte.
«Que diga deshonestamente que está a favor de las manifestaciones no le está ayudando», dijo Cardozo. «La gente quiere hechos, decisiones reales, y este gobierno no es capaz de darlas», añadió.
Los medios sociales y los mensajes electrónicos colectivos convocaban a una huelga nacional para la próxima semana. Sin embargo, los dos mayores sindicatos nacionales, la Central Sindical de Trabajadores y el Sindicato Fuerza, dijeron que no sabían nada de tal huelga, aunque apoyaban las protestas.
Una marcha el jueves por la noche en Sao Paulo fue la primera con una fuerte presencia sindical, mientras una banda de tambores lideró a los miembros vistiendo camisetas iguales por la principal vía de la ciudad. Muchos manifestantes han pedido un movimiento sin lazos con los partidos políticos o sindicatos, que se consideran ampliamente corruptos.
En la ausencia de tales grupos, a los manifestantes les ha faltado organización e incluso demandas concretas, lo que hace casi imposible una respuesta coherente del gobierno. Varias ciudades han cancelado los aumentos al costo del pasaje del transporte público que originalmente provocaron las manifestaciones hace una semana, pero la insatisfacción ha ido en aumento.
Las manifestaciones del sábado fueron convocadas por un grupo que se opone a una iniciativa federal que limitaría el poder de los fiscales para investigar crímenes.
