Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el contenido de un mensaje, pero si el mismo no viola ningún precepto legal o las buenas costumbres, no hay razón para impedir su difusión. En cualquier caso siempre se corre el riesgo de caer en un estado de censura previa. La campaña de educación preventiva en materia sexual dirigida a jóvenes, patrocinada por Profamilia, desató una polémica que lamentablemente ha terminado en los tribunales, y nos remite a una discusión acerca de los derechos fundamentales y los medios de comunicación.
En una sociedad como la dominicana, el tema se torna espinoso y plantea el dilema ante el dramático panorama de la cruda realidad, donde cada vez la población joven se inicia en las relaciones de pareja a temprana edad, sin los conocimientos ni la comprensión de las implicaciones.
De acuerdo con datos recaudados por diferentes fuentes, República Dominicana está en el quinto lugar en cuanto a embarazos en adolescentes, con una de las más altas tasas de fecundidad en América Latina en jóvenes de 15 a 19 años, registrada en 92 por cada mil mujeres. Sólo en 2010, en el país se produjeron 153,358 embarazos, de los cuales 28,434 correspondieron a jóvenes entre 15 y 19 años, y 47,508 a mujeres entre 20 y 24 años.
Aunque el tema es muy preocupante, el futuro puede verse desde una perspectiva optimista, la Encuesta Demográfica y Salud (ENDESA) y Profamilia muestran una tendencia descendente de embarazos en adolescentes. Sin embargo, los organismos que trabajan en esta materia sugieren una relación entre conocimiento o niveles de escolaridad y las tasas de embarazos.
Lo que se discute es el abordaje del tema en atención a determinados criterios. La juez de la Quinta Sala Civil y Comercial del Distrito Nacional ha contextualizado la cuestión desde una perspectiva razonable: “Es más aconsejable incentivar el conocimiento y la práctica de una responsabilidad que conlleva la actividad sexual, que callar la tendencia a la conducta sexual desordenada, promiscua y a destiempo que hoy vive la sociedad dominicana…”
Armonizar los criterios redundaría en la salud y la vida de las dominicanas.
