BUENOS AIRES (AP) — El ex presidente argentino Carlos Menem y otras 11 personas fueron declarados culpables en una corte de apelaciones de contrabandear armas a Ecuador y Croacia en violación a embargos internacionales durante la década de 1990.
Menem, de 82 años y con inmunidad como senador argentino, fue absuelto en un juicio en 2011, pero la corte de apelaciones (conocida como de casación en Argentina) dijo que parte de las pruebas fue desechada erróneamente y no había forma lógica de que las armas fueran contrabandeadas sin la participación o aprobación directas del ex gobernante.
Menem admitió haber firmado decretos secretos para exportar armas a Venezuela y Panamá, pero dijo que no tenía idea de que toneladas de fusiles y municiones de fabricación argentina terminarían en Ecuador y Croacia, países sobre los que pendían en aquel entonces embargos internacionales relacionados con material bélico.
La corte de apelaciones calificó de «incomprensible» a la defensa de Menem ante las voluminosas pruebas de que los controles aduaneros no fueron observados en medio de presiones desde la presidencia.
«Resulta incomprensible que se sostuviera la existencia de numerosos delitos y que no se los relacionara con la compra venta internacional de material bélico», señaló la corte.
El tribunal determinó que el cuñado y «hombre de confianza» de Menem, Emir Yoma, actuó como intermediario con las autoridades del gobierno y otras partes implicadas en el plan, y que también cobró el dinero a las compañías involucradas.
«La única persona que contaba con el poder para influir simultáneamente y a lo largo de todos esos años sobre tres ministerios distintos, sus dependencias, el Ejército Argentino e incluso el Congreso, era el Presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, a través de Yoma», según el tribunal.
En un fallo de 237 páginas que emitió el panel de tres jueces el viernes, la corte de apelaciones resolvió condenar al ex presidente como «coautor del delito de contrabando agravado por tratarse de material bélico y por contar con la intervención de funcionarios públicos y de más de tres personas».
Los fiscales habían solicitado una sentencia de ocho años para Menem si éste era condenado en el caso.
La corte de apelaciones dispuso que «el tribunal de origen» fije la pena que corresponda tras las consideraciones sobre la edad y conducta del ex presidente, así como las circunstancias agravantes.
Menem podría purgar una pena de prisión sólo si el Senado, controlado por el gobierno de Cristina Fernández, aprobara retirarle la inmunidad que tiene como legislador. Fernández a menudo critica las decisiones de la presidencia de Menem, pero como senador éste ha sido un aliado fiable de la mandataria debido a su voto decisivo en temas cruciales.
El abogado de Menem, Maximiliano Rusconi, no respondió de inmediato el pedido de The Associated Press para que diera declaraciones. No estaba claro si Menem tiene previsto apelar el fallo del viernes ante la Corte Suprema.
El ex ministro de defensa de Menem, Oscar Camilión, estaba entre los declarados culpables el viernes tras haber sido hallado inocente hace dos años, pero la corte de casación mantuvo el fallo a Yoma quien fue absuelto. Asimismo declaró que había pasado mucho tiempo para acusar de delitos al jefe de la fuerza aérea de Menem, Juan Paulik.
El tráfico se conoció públicamente en 1995 cuando las armas fueron detectadas en las zonas de conflicto de Ecuador y Croacia, y el contralor Ricardo Monner Sans presentó la denuncia en una demanda civil. Pese al escándalo internacional que generó, Menem fue reelegido con un 50% de respaldo.
«Era un fallo que registraba la existencia de contrabando indudablemente. Era una vergüenza que, registrado el hecho del contrabando, nadie fuera responsable», destacó Monner Sans. «Era una absurda contradicción».
El caso ha avanzado con lentitud mientras que Menem pasaba de ser un descarnado enemigo político a un aliado de confianza de los gobiernos tanto del fallecido mandatario Néstor Kirchner como de su esposa, la actual presidenta Fernández.
Menem estuvo bajo arresto domiciliario durante seis meses en el 2001, pero durante esos años sólo se le había condenado a un delito por asociación para delinquir y la Corte Suprema dispuso que quedara en libertad. En un juicio que se le siguió en el 2008 por tráfico de armas hubo 383 testigos de Ecuador, Perú y naciones de Europa.
