La denuncia de que la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) podría ser desmantelada consiguió el repudio de varias organizaciones y juristas. Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) dijeron ayer que están en desacuerdo con que se desintegre la dependencia de la Procuraduría, sin embargo, benefician que se haga cumplir la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público. En tal sentido, apoyaron que sean las autoridades de la Procuraduría las que designen al director de la DPCA, y no el Presidente de la República como ocurre en la actualidad.
Francisco Álvarez, vocero de Participación Ciudadana, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus, comparten el criterio de que a la luz de la Constitución del 2010, muchas cosas han cambiado y los funcionarios deben irse adaptando.
La Carta Magna da al Presidente de la República la facultad de elegir siete adjuntos del Procurador, lo que no ha sido agotado.
Los juristas respaldaron al Procurador en lo relativo a que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) esté adscrita al Ministerio Público y rechazaron la interpretación que, con relación al tema y contradiciendo a su superior, realizó Hotoniel Bonilla, director de la DPCA.
Ambos indicaron que al hacer la interpretación constitucional para concluir que la DNCD debe responder al Poder Ejecutivo, Hotoniel Bonilla se equivoca e incurre en una realidad errónea porque quien dirige la investigación es el Ministerio Público, y todo debe estar bajo su dirección. Al igual que Álvarez, el jurista Vinicio Castillo Semán entiende que la Dirección de Persecución de la Corrupción no debe desmantelarse sino ser fortalecida, y que se le asignen más recursos.
Dijo que lo que falta es armonía y que el director de la DPCA y el Procurador actúen en armonía, tras considerar que desmantelar esa dependencia y llevar la DNCD al Ministerio Público es algo que no tiene sentido.
