Para evitar enfrentamientos y divisiones como la que en estos momentos vive el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el Congreso Nacional debe aprobar la Ley de Partidos. Así lo planteó ayer el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, tras entregar a la Cámara de Diputados, junto al Centro Juan XXIII, un conjunto de propuestas dirigidas a contribuir con la mejora del proyecto de ley que en la actualidad se encuentra bajo el estudio de una comisión bicameral, presidida por la diputada oficialista Karen Ricardo.
Servio Tulio Castaños Guzmán destacó que en el documento conjunto aparecen señalamientos encaminados a hacer más democrático y transparente el funcionamiento interno de las organizaciones políticas.
“Sugerimos que se incorpore el principio constitucional de que todo proceso sancionatorio debe llevarse a cabo respetando los principios del debido proceso”, destacan la Finjus y el Centro Juan XXIII en el texto entregado a Abel Martínez, presidente de la Cámara Baja, y a la congresista Karen Ricardo.
Además se promueve que se incorpore la prohibición del uso por parte de facciones partidarias del “logo, lema, bandera y color” de las entidades, garantizando a las autoridades legítimas de los partidos y agrupaciones políticas la titularidad y el uso de los bienes, símbolos, emblemas y la documentación.
Proponen también que se incluya como un deber de los partidos y agrupaciones políticas el depositar en la Junta Central Electoral un resumen de su Plan de Gobierno nacional o municipal al momento de la inscripción de la candidatura, y el mantenerlo publicado en la página virtual durante todo el período que dure la campaña proselitista, como forma de incentivar la transparencia de los candidatos frente al electorado.
En lo concerniente a la renovación de los órganos internos, el Centro Juan XXIII y Finjus plantean que se incorporen los siguientes elementos: la renovación de los puestos directivos de los órganos internos debe hacerse de forma democrática dentro del plazo establecido por los estatutos, el cual no podrá ser mayor de cinco años; la declaración de ilegítima de las autoridades de los partidos y agrupaciones políticas que no hayan sido constituidas en observancia a la democracia interna y a la transparencia; y orden de que los partidos depositen ante la JCE la lista de las personas que ocupan posiciones directivas, así como de cualquier cambio que se genere como resultado de muerte, renuncia o cualquier causa legítima. Abel Martínez anunció que los trabajos de la ley son prioridad de la Cámara.
