Escándalo fue causa de medidas en pensiones

La emisión del decreto presidencial 616-12 del pasado 20 de octubre constituyó el mecanismo  de detención de la hemorragia económica que desde hacía años desangraba al Estado dominicano, debilitando su estruc

La emisión del decreto presidencial 616-12 del pasado 20 de octubre constituyó el mecanismo  de detención de la hemorragia económica que desde hacía años desangraba al Estado dominicano, debilitando su estructura por medio de auto-asignaciones de pensiones complementarias en instituciones centralizadas, descentralizadas y autónomas. Fue el resultado del conocimiento público que generó un escándalo en la sociedad   al saberse que  el exsuperintendente de bancos, Haivanjoe Ng Cortiñas, y otros directivos de esa entidad se habían autoasignado pensiones exageradas, el primero  con RD$651,000 mensuales y los demás con asignaciones de RD$300,000, RD$250,000 y RD$100,000 para toda la vida.

También salieron a relucir otras pensiones con fondos del Estado, como las que recibía el expresidente de la Junta Central Electoral y actual miembro de la Suprema Corte de Justicia, Julio César Castaños Guzmán, que luego del escándalo solicitó la suspensión de la misma.

De igual modo, el actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Mariano Rodríguez, quien también solicitó  la suspensión del pago de los RD$146,998 que recibía cada mes por haber sido miembro de la Junta Central Electoral.

Otros con iguales beneficios, en ese mismo organismo y en otras instituciones del Estado, no siguieron el ejemplo y siguen cobrando altas sumas por concepto de pensiones, algunos de los cuales no tienen los méritos para recibirlas, pese a que gente con casi toda su vida en el servicio al Estado no  han recibido pensiones y los que han podido conseguirlas no les alcanza ni para costear los medicamentos que consumen para seguir viviendo.

El respeto a la Ley

La disposición del presidente Danilo Medina busca adecuar al marco regulador que es la ley 87-01 lo relativo a todas las pensiones con aportes mixtos y de esa manera evitar la generación de déficit no contemplados en el uso inadecuados de los fondos.

El decreto deja abierta la posibilidad de que las instituciones públicas puedan  crear sus fondos de pensiones complementarios, “siempre y cuando los mismos se sustenten sobre la contribución definida realizada única y exclusivamente por los afiliados y fundamentados en la capitalización individual, que asegure su sostenibilidad financiera y el equilibrio económico”.

Para darle seguimiento a su disposición, que cobró mayor respaldo en momentos en que se hacía la declaratoria de un déficit fiscal de RD$187,000 millones y que fue utilizado para justificar la reforma fiscal, el presidente Danilo Medina designó una comisión de revisión que encabeza el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien ha pedido al Congreso cambios al proyecto de ley del gobierno que está en el Senado y que busca un mayor control de las pensiones estatales.

El alcance del decreto

Rafael Abreu(Pepe), presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical(CNUS) cree que el decreto presidencial debe ser más claro para  que  no se afecte lo que está bien porque, en su opinión, en el Estado hay pensiones justas y bien ganadas.

“Hay que tener cuidado porque decir que los fondos  que el Estado aporte, sean los fondos que se revisen y se echen para atrás, podrían lastimar a sectores que como es el de los profesores no necesariamente merecen correctivos de esa naturaleza”.

Citó también el caso de los empleados y profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo(UASD) que tienen un sistema de pensiones que se creó mucho antes de la ley de seguridad social y que establece que el profesor tiene derecho a recibir un promedio salarial, pero que debe tener 20 años siendo catedrático. “Esos fondos así no hay porqué tocarlos”, considera el sindicalista.

Relación de ingresos y pensiones en el Estado

Para Rafael Abreu la gente debe acostumbrarse a que la pensión debe relacionarse con el ingreso porque no es bueno que tampoco se permita en el Estado salarios exagerados.

“Esa gente que se impone a recibir salarios de un millón de pesos cuando les llega el momento del retiro, esas personas quieren garantizar tener los mismos ingresos que cuando tenían un puesto activo, lo quiere garantizar como pensión para toda la vida a costa del Estado”.

Distribución

Pepe Abreu dice que si las pensiones son por ganancias de las instituciones, los beneficios deben ser mejor  distribuidos.

Plazo

El Gobierno ordena que los planes no registrados en la ley 87-01, y en los plazos establecidos, deberán cesar.

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