Hace muchos, pero muchos años que en la Policía no se veía una situación como la que estamos viviendo ahora”. La expresión es de un oficial superior del llamado cuerpo del orden público, y parece resumir el grado de frustración y preocupación que existe actualmente en la institución responsable de garantizar y preservar la seguridad ciudadana en República Dominicana.Y la intranquilidad no es para menos. Es que, como versa el dicho popular, en las últimas tres semanas a la Policía “le han caído todos los palitos encima”, al verse sacudida por acciones que no solo revalidan viejas críticas a la conducta de sus miembros, sino que ponen a prueba su capacidad para manejar escenarios que trascienden su responsabilidad habitual y desvelan prácticas que envuelven pugilatos soterrados por la supremacía en la cúpula policial.
Cuando el mal manejo de oficiales superiores y subalternos segó la vida del estudiante de medicina William Florián Ramírez, en una protesta en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ya la Policía estaba en la mirilla de una opinión pública ofendida por la forma en que se comportaron los agentes participantes en un allanamiento a la casa de un expolicía en el sector de Herrera, en la capital.
En esta acción combinada del Ministerio Público y la Policía, murió acribillado, de 15 balazos, el fiscal Omar Álvarez, adscrito al Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía de Santo Domingo. A Álvarez lo mataron delante de agentes que no movieron ni un solo dedo para impedir que este servidor público pereciera.
Del asesino de este miembro del Ministerio Público, el exoficial retirado de la Policía Charlis Muñoz García, se dijo que era compinche de policías de distintos rangos que solían visitarlo para comer chivos y gallinas, de los mismos animales que tenía en el tercer nivel de su casa y que eran igualmente objeto de la requisa que degeneró en tragedia.
Fricciones
La muerte del fiscal Álvarez puso al desnudo la espinosa relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Fue también la chispa que encendió el debate frente a la propuesta de crear un Cuerpo Técnico de Investigación Policial, tutelado por el Ministerio Público y donde la Policía vería reducido su muy defendido radio de acción en los procesos de investigación criminal.
Cuentan que fue tal la indignación del Ministerio Público por la muerte de Álvarez, que cuando el jefe de la Policía Nacional, mayor general José Armando Polanco Gómez, acudió al funeral para cumplir con los deudos y colegas del fallecido, en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, los amigos del fiscal acribillado pusieron cara de pocos amigos.
En este mismo lugar, a escasos metros del ataúd, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, hablaron de la necesidad de apresurar la creación del Cuerpo Técnico de Investigación, porque a su juicio, de haber existido este órgano, el fiscal Álvarez no hubiera muerte en circunstancias tan funestas.
Castaños Guzmán ha sido insistente en su tesis de que muchos de los males que entorpecen la actuación policial podrían corregirse con una reforma integral a su ley orgánica (96-04), un anhelo compartido por amplios sectores de la vida nacional.
Pero la realidad supera la simple aspiración de tener una Policía moderna y con capacidad suficiente para encarar el serio desafío de responder a las exigencias y expectativas sociales, de tener un cuerpo policial mucho más apegado a sus funciones esenciales.
“En los últimos días, se ha puesto de manifiesto que la Policía Nacional definitivamente está haciendo todo lo contrario a lo que es su misión y responsabilidad, que es la de preservar bienes y vidas humana, ya que es ella la que está haciendo uso de la violencia contra los ciudadanos que debe proteger”, reflexionó el presidente de Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburcio.
Acciones mediáticas
El planteamiento de Julio César conjuga una de las demandas más socorridas de la sociedad dominicana, y hasta de sectores dentro del propio Gobierno, como la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, no se trata solo de aspectos relacionados con el comportamiento de la Policía frente a los ciudadanos, fundamentalmente expresados de sus conocidos y cuestionados excesos.
Los últimos tropiezos de la Policía reviven también una práctica que se hace común en cada zafra de crisis institucional. Una práctica que tiene como fuerza motriz la reactivación de acciones mediáticas orientadas a fortalecer la imagen del jefe policial que se encuentre de turno. Esto último se puso de manifiesto con la muerte de Florián Ramírez.
La jefatura policial no imaginaba siquiera que el homicidio de este estudiante, de 21 años, para nada encarnaba el típico caso del muerto sin dueño. Tampoco que Willy, oriundo de San Juan, y su padre eran dirigentes del partido de gobierno, el de la Liberación Dominicana (PLD). Y para colmo de la misma provincia del presidente Danilo Medina.
Estas condiciones fueron más que suficientes para que, en un abrir y cerrar de ojos, apareciera el supuesto agente responsable de disparar con balas letales a los estudiantes que protestaban por la aprobación de la reforma fiscal en el Congreso Nacional.
Más aun. En un santiamén, la Policía transformó su versión original de que Florián Ramírez aparecía disparándole a los agentes que disipaban la protesta, basada en un video que nunca más volvió a difundirse.
Se rumoró que este y otros casos podrían costarle el cargo a Polanco Gómez. Y, quizás por pura coincidencia, en ese ambiente de especulaciones, los medios de comunicación fueron convocados para presenciar los resultados de investigaciones pendientes.
Fue así como la Policía presentó una recreación de la escena donde mataron al fiscal Álvarez y anunció con orgullo la cancelación de los agentes que estuvieron en el allanamiento. En esos mismos días de rumores, se informó con diligencia asombrosa que el segundo teniente que ejecutó a uno de tres reos que escaparon de un centro de rehabilitación en San Francisco de Macorís, fue expulsado y sometido a la Justicia. Entonces Polanco Gómez volvió a invocar la consabida advertencia: “no vamos a tolerar ningún tipo de excesos”.
Los Derechos Humanos someterían a Polanco
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, dijo que no descartan someter a la justicia al jefe de la Policía y a todos los agentes que participaron en las muertes del estudiante Florián Ramírez, de los reos en San Francisco de Macorís y los que en una protesta en Barahona mataron a la profesora Ángela Moquete Méndez.
“Ya los trabajos están bastante avanzados en materia de documentación necesaria, para proceder formalmente a interponer las querellas en distintos lugares donde han ocurrido los hechos”, informó Mercedes. Dijo que con este sometimiento envían el mensaje de que estas muertes no quedarán impunes. Los reos ejecutados fueron Jeffrey Sandoval, Jerry López y Marcos Inoel Brito. La muerte de Sandoval fue incluso grabada.
Opiniones
Julio César de la Rosa
Alianza contra la corrupción
“Estos últimos hechos en los que nuevamente se encuentran involucrados efectivos de la Policía Nacional invitan a reflexionar en cuanto a la urgente reforma integral del denominado cuerpo del orden público”.
Manuel María Mercedes
Comisión de los derechos humanos
“No descartamos que el jefe de la Policía tenga que responder ante la justicia. Él es el máximo jefe de esa institución, y por lo que vemos, las medidas que ha tomado no satisfacen el deseo de justicia que demandamos”.
