El profundo déficit fiscal y la consecuente reforma tributaria, ha generado un importante movimiento social de rechazo que requiere de respuestas urgentes por parte del Estado.
Sería un craso error si las autoridades aceptaran el discurso fácil de la conspiración o de la manipulación de la opinión pública.
Ese discurso de verdades a medias, no vale para explicar la presente coyuntura y solo evidencia el profundo desconocimiento de la realidad social dominicana y de las nuevas formas de protestas que han surgido en el país.
La aprobación de nuevos impuestos es impopular en cualquier sociedad del mundo, pero lo es mucho más, si tradicionalmente el Estado se ha caracterizado por el dispendio y la incapacidad de brindar servicios públicos de calidad.
Más que un rechazo a la posibilidad de que el nuevo gobierno cuente con recursos para llevar a cabo sus proyectos, las protestas sociales exigen garantías de que no estamos ante un parche impositivo más y de que la actual situación de déficit no se volverá a repetir.
En tal sentido, detrás de este movimiento hay tres demandas muy concretas a las que el Estado debe atender.
En primer lugar, se exige el establecimiento de responsabilidades por un déficit fiscal, el más grande de la historia de nuestro país, que se generó en violación de la Constitución y las leyes.
Este fue un déficit irresponsable que superó el límite aprobado por el Congreso Nacional. La ciudadanía exige que cese la impunidad. No se puede pretender que la población olvide los escándalos de corrupción y las diversas formas de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios que se aprovecharon de su paso por el Estado. ¡Ahí están sus fortunas!
Las luchas sociales demandan además, que el gobierno asuma el compromiso de mejorar la calidad del gasto público. El despilfarro y la construcción de obras suntuosas no pueden seguir siendo la norma.
El gobierno ha comenzado a dar señales en esta dirección, pero deben ser profundizadas. Se necesita de una mayor austeridad en el manejo de los recursos públicos, tanto en el gobierno central como en el Congreso Nacional.
Por último, las organizaciones reclaman que cese la brutalidad policial. El asesinato de un joven estudiante la pasada semana es absolutamente intolerable. Además de someter a la Justicia a los victimarios, urge una profunda reforma de la Policía Nacional que la transforme en una moderna institución civil al servicio de la seguridad ciudadana y la prevención del crimen, en vez del cuerpo represivo que ahora es.
Estas son las demandas, escúchenlas con atención y humildad.
