Democracia e inclusión social

Durante los últimos meses, la agenda nacional ha estado centrada en la discusión de una reforma fiscal que inicialmente se pensó…

Durante los últimos meses, la agenda nacional ha estado centrada en la discusión de una reforma fiscal que inicialmente se pensó integral, cónsona con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, pero que ha quedado sólo en una reforma tributaria, dejando el Pacto Fiscal como una tarea pendiente.

Próximamente, además, se deberá conocer y aprobar el presupuesto del año 2013, el cual demostrará las prioridades de gastos de la actual administración. Ambas herramientas, junto a una serie de reformas económicas e institucionales en trámites, son fundamentales para revertir el profundo deterioro de las condiciones de vida que afecta a una parte importante de la población dominicana.

El país tiene una deuda social acumulada que la democracia tiene que ayudar a resolver. En la realidad actual, el propósito fundamental del quehacer político debe ser el de dar respuesta a los principales problemas sociales y económicos que tiene la sociedad, apostando al bienestar de la gente. No es posible continuar con la profunda contradicción de un modelo económico que ha priorizado la estabilidad de las variables macroeconómicas y el crecimiento del PIB, sin que esto se traduzca en una transformación de la vergonzosa situación de pobreza y desigualdad social que se vive en el país. Algunos analistas entienden, con toda razón, que “la desigualdad es la mayor amenaza contra la supervivencia de la democracia” (Carrillo, 2006).

Sin dudas, mejorar la calidad de vida de la gente es el mayor reto que tiene la democracia hoy. Esto supone, un compromiso real del Estado dominicano en la formulación y puesta en práctica de políticas públicas que contribuyan a la cohesión social. Para ello, se debe superar la visión tradicional de las políticas sociales, caracterizada por un enfoque asistencialista en el mejor de los casos, pero que casi siempre se ha centrado en entenderlas como una herramienta al servicio del ejercicio clientelar de la política. Esto ha impedido un reconocimiento pleno de los derechos políticos, sociales y económicos de los dominicanos y las dominicanas.

El clientelismo y patrimonialismo en la actividad política y la excesiva concentración y centralización del poder, ha generado un sistema político que ha sido incapaz de promover mecanismos reales de inclusión social de la ciudadanía. Es necesario avanzar en la construcción de un Estado que sea capaz de superar estas prácticas y que coloque a la gente y su bienestar como centro de sus políticas. Esto solo es posible, si desde el Estado se asume un compromiso real por mejorar la calidad de gasto público y se actúa con absoluta transparencia, enfrentando la impunidad.

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