El pasado miércoles se realizó por tercer año consecutivo en el país la “Marcha de las novias”, frente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Se trata de una actividad organizada por la doctora Birmania Sánchez Camacho, profesora de Derecho de Familia de la UASD y la Universidad Iberoamericana (Unibe), y la licenciada Milqueya Mateo, directora del Instituto de Género y Familia de la UASD, en honor a la memoria de Gladys Ricart, una dominicana asesinada por su exnovio en Washington Heights el 26 de septiembre de 1999, justamente en el día de su boda y delante de toda su familia, y por todas aquellas mujeres que han muerto, así como las que están atravesando por esta problemática que se ha agudizado en los últimos años en el país.
Lamentablemente, la violencia contra la mujer en la República Dominicana ha empeorado en niveles tales que cada año supera al anterior en la espeluznante cifra de mujeres asesinadas por parejas o exparejas. Nuestro país es el lugar del Caribe con mayor cantidad de delitos de este tipo según el III Informe Internacional “Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja”, elaborado por el Centro Reina Sofía.
Actualmente, más mujeres en edades entre 15 y 44 años mueren por esta razón que por enfermedades como el cáncer o por accidentes de tránsito.
Y aunque exista una intención de combatir el problema por parte de ciertas autoridades, como la fiscal del Distrito Nacional, lo cierto es que no existe una política integral seria sobre el tema que enfoque, además de la parte punitiva, la prevención, la educación y sobre todo la protección de las mujeres maltratadas y amenazadas.
Casos como el de Miguelina Altagracia Martínez, apuñalada hasta morir por su expareja Jonathan Minaya, ponen en evidencia que si el Estado jugase un rol más activo muchas muertes serían evitables, puesto que de muchas mujeres asesinadas se ha confirmado que las mismas habían dado a las autoridades una voz de alerta que fue ignorada.
Ojalá el nuevo Presidente comprenda que es urgente más atención del Gobierno a este tema y una mayor disposición de tomar medidas urgentes, como la definición de una política concreta y un protocolo de actuación, la creación de más centros para mujeres maltratadas y el desarrollo de programas para concienciar a agresores y potenciales agresores.
Pero aún más importante es la necesidad de educar a una población machista en la que aún existe una permisividad social al maltrato a la mujer.
