Los planes de pensiones especiales que funcionan de manera individual en diferentes instituciones del Estado son una amenaza potencial para las finanzas públicas.El planteamiento lo hace el superintendente de Pensiones, Joaquín Gerónimo, quien sin titubeos advierte que “a esas instituciones se les dio un plazo de cuatro años, luego de la promulgación de la Ley 87-07, del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, para que adecuaran sus planes al marco de la nueva normativa y pudieran ser registrados y aprobados por la Superintendencia de Pensiones (Sipen), pero no lo han hecho”.
La reacción de Gerónimo se produce a propósito de cuestionamientos que surgen en la sociedad sobre el esquema que prima en República Dominicana, con la existencia de planes de pensiones en el Poder Legislativo (a través del Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano), el Fondo de Retiro, Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, en la Junta Central Electoral, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Plan de Pensiones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA) y el de la Policía Nacional (ISSPOL), así como los planes de pensiones existentes de las instituciones financieras y autónomas descentralizadas, cuyos financiamientos dependen directa o indirectamente de los ingresos fiscales consignados anualmente en la Ley de Presupuesto General del Estado. Estos planes manejan sus propios fondos.
“Ese plazo al que hago referencia, se cumplió en el año 2007 y solo los planes de pensiones del Banco Central y el de Reservas cumplieron con los requisitos establecidos. Todos los demás planes especiales de pensiones quedaron fuera de regulación y, en consecuencia, nadie sabe nada acerca del tratamiento contable, pasivo, actuarial y el otorgamiento de beneficios a sus afiliados”, reveló Gerónimo.
De esa forma el funcionario de la Sipen intenta poner claro algunos puntos, que desde otras esferas pocos se habían atrevido a tocar y, de paso, se coloca en consonancia con un debate activo en los últimos días: el tema de las altas pensiones que se agencian funcionarios del Gobierno, especialmente, de las instituciones descentralizadas.
“Hace más de un año que el Ministerio de Hacienda elaboró un proyecto que procura corregir esta situación, mediante la creación del Sistema de Pensiones de Reparto a cargo del Estado (Sispre), en el marco de la Ley 87-01 y bajo supervisión de la Sipen”, expuso Joaquín Gerónimo.
La iniciativa a la que se refiere en esencia busca organizar el Sistema de Pensiones de Reparto Estatal, establecido en la Ley 87-01, así como regular, actualizar y alinear con la normativa citada el sistema de pensiones creado en la Ley 379-81, que agrupa a los afiliados activos y pasivos a cargo del Estado. El superintendente de Pensiones dijo que la Ley 87-01 entró en vigencia en el 2003, pero el régimen de pensiones de la Ley 379-81 no se adecuó a las nuevas reglamentaciones que imponía el sistema, generándose en todos estos años una distorsión en el manejo de las pensiones del Estado.
Al margen de regulaciones
El titular de la Sipen no se anduvo con rodeos cuando hizo las críticas al modelo de pensiones que impera actualmente. “Esa distorsión se expresa en un marco legal desactualizado y desarticulado respecto al actual sistema previsional dominicano”, indicó.
Criticó que haya un híbrido de aplicación entre la Ley 87-01 y la 379, criterios no claros en la aplicación de artículos y pérdidas y concesión indebida de beneficios. Denunció que también hay autoseguros funcionando desarticulado de la dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y planes de pensiones especiales del Estado que funcionan al margen de nuevas regulaciones.
Sin disciplina
Ley 494-06 que creó la Secretaría de Hacienda (hoy Ministerio) confiere responsabilidades sobre el sistema de reparto que no han sido asumidas por la DGJP y no han sido puestas en marcha, ocasionando un desfase en el desarrollo del Sistema de Reparto. Gerónimo asegura que la asimilación de pensionados de otros fondos como el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, Inespre y el IDSS, con deberes y derechos distintos a la Ley 379 ha generado confusión y manejos legales equivocados.
Los planteamientos externados sobre el tema de las pensiones por el superintendente Gerónimo sugieren que “la falta de disciplina y sostenibilidad fiscal a largo plazo podría ocasionar que el Estado no pueda cumplir con la protección previsional que debe otorgar, por falta de recursos”.
Jugosos privilegios en SB bajo la lupa de la Sipen
Gerónimo reveló que la Superintendencia de Bancos (SB) suspendió sus fondos de pensiones en el 2003, basado en la aplicación de la Ley 87-01, que entraba en vigencia. Dijo que entre 2003-2010 en la SB no existía fondo de pensiones y jubilaciones y denunció que esa institución comenzó el trabajo con un plan complementario de pensiones sin autorización de la Sipen.
El reglamento que refiere y por el cual se pensionó un grupo de funcionarios de la SB, fue rechazado por la Sipen porque no era viable. Las pensiones que recientemente aprobó la SB están bajo investigación de la Sipen, para ver los aportes que hizo cada quien y la entidad, dijo Gerónimo. No descartó que las pensiones se dejen sin efecto, si el plan es insostenible financieramente o si los fondos comprometidos por la SB comprometen al Estado.
