La República Dominicana ha iniciado una fase exploratoria para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un escenario donde el tema eléctrico “repite” como tema central a discutir.
Un abultado déficit fiscal no cuantificado oficialmente pero estimado desde el sector privado como histórico, vuelve a poner el tema de las finanzas públicas como punto de negociación.
En los acuerdos anteriores, que corresponden a los años 2003, 2005-2007 y 2009-2012, los problemas internos motivaron a las autoridades a tocar la puerta del fondo en dos oportunidades y la crisis global en la tercera ocasión.
De esos tres pactos, el del 2003 se cayó apenas el primer desembolso, por incumplimiento del Gobierno de entonces con el tope al endeudamiento del sector público—luego que el Gobierno readquirió las acciones privadas en las distribuidoras de electricidad del Sur y del Norte.
Mientras que el del 2005-2007 tuvo un desenlace exitoso, permitiendo a la economía crecer en promedio por encima de 5% y disminuir el desempleo en 4.1% desde octubre del 2004 hasta el año en que concluyó el pacto.
El acuerdo del 2009-2012 tuvo un cumplimiento relativo, debido a que quedaron sin aprobar las dos últimas revisiones y un desembolso de US$500 millones. El tema eléctrico fue el punto de la discordia.
Nueva negociación
En la nueva asistencia que el país parece decidido a buscar con el organismo financiero internacional, el problema principal es al parecer interno, por el alegado desequilibrio que afecta a las finanzas públicas. Y el tema eléctrico, que presiona las finanzas públicas por la demanda constante y hasta creciente de subsidios, es un elemento esencial del desequilibrio presupuestal.
El escenario actual, al presentar un fuerte componente de déficit fiscal, es más compatible que el imperante para el acuerdo del 2005-2007, que con el del 2009-2012.
Dirección
La misión que está en el país diagnosticando la economía con miras a un posible acuerdo, incluyó entre sus primeras visitas o encuentros, una reunión con las actuales autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), donde la situación no parece haber mejorado con relación a los dos últimos acuerdos.
En el 2005 el Gobierno fue al FMI luego de haber aplicado, en el último semestre del año anterior, un paquete de medidas de ajustes, con un potencial o rendimiento anual estimado de 2.8% del producto interno bruto (PIB), que incluyó una reforma tributaria que elevó la tasa del ITBIS de 12 a 16%, aumentó el impuesto selectivo a los productos derivados de tabaco y alcohol, actualizó el ajuste por inflación al impuesto selectivo a la gasolina, y focalizó el subsidio al GLP y redujo la nómina del Gobierno Central.
El pacto implicó que el Gobierno asumía un plan para recapitalizar al Banco Central y reducir el déficit cuasi fiscal y aplicar una política tributaria dirigida a simplificar el sistema impositivo, ampliar su base y fortalecer los ingresos a mediano plazo.
En la parte estructural, la propuesta de entonces implicaba la reforma de la Ley Orgánica de Presupuesto, de la Ley de Compras y Contrataciones, de la Tesorería Nacional, de la Ley de Deuda Pública, y de Gestión del Sistema Financiero. l Héctor Linares
La parte eléctrica estuvo y estará en discusiones
En la parte eléctrica, el acuerdo de entonces planteaba, entre los principales compromisos, mejorar el índice de recuperación de efectivo de las distribuidoras, mediante la reducción de las pérdidas en línea de transmisión a alrededor del 30% y subir las cobranzas a cerca de un 90%.
Ese acuerdo finalizó como uno de los más exitosos, al permitir a la economía una tasa de crecimiento superior al 5% durante la vigencia del mismo y una reducción del desempleo 4.1% desde octubre del 2004 hasta la fecha de culminación. Para el Stand-by del 2009-2012, la situación era diferente, porque la amenaza venía desde el exterior.
En una carta del equipo económico remitida al FMI el 6 de octubre de ese año, el Gobierno planteaba que “la República Dominicana ha sido afectada de manera adversa por la crisis económica global y la paralización del crédito en los mercados de capitales, con un panorama externo deteriorado y una disminución de la demanda agregada y de los ingresos tributarios”.
En ese escenario el país buscó un acuerdo a 28 meses, con un financiamiento por US$1,700 millones, con el propósito de “estimular la recuperación de la economía”.
