Sin cambios drásticos en los ingresos y los gastos del gobierno, es razonable proyectar que para 2013 el déficit del sector público sería cercano a un 4% del PIB.
Sería una suerte de repetición de 2012 porque aunque no habrá elecciones que ofrezcan incentivos para desguañangar las finanzas públicas, hay nuevos y serios compromisos como el gasto en educación pre-universitaria y pagos de deuda pública.
Lo anterior se inscribe, además, en un contexto de bajo crecimiento, lo que afectará las recaudaciones.
De ese déficit, sería razonable suponer que el gobierno podría obtener financiamiento por la mitad, es decir, por 2% del PIB, esto es, RD$ 56 mil millones o USS$ 1,360 millones.
El monto y las condiciones de financiamiento dependen en parte de si se llega o no a un acuerdo con el FMI y del tipo de acuerdo. A su vez, esto dependería en buena medida de los compromisos que el gobierno asuma en materia del sector eléctrico, los impuestos y las metas de déficit.
Pero, ¿qué pasaría con el resto? Todavía quedaría por cerrar una brecha de quizás 2% del PIB. Habría dos opciones obvias: reducir gastos o incrementar ingresos vía nuevos impuestos. También sería posible lograr una combinación de ellas.
Esta situación ha puesto al gobierno en una posición muy difícil y de relativa debilidad porque necesita encontrar una solución urgentemente.
En parte por ello, el gobierno ha abierto dos diálogos en paralelo sobre el tema, los cuales parecen difíciles de conciliar: uno con la sociedad organizada en busca dotar de algún grado de legitimidad al ajuste, y otro con el FMI que persigue estampar un sello de garantía al arreglo al que se llegue para encontrar financiamiento en cantidad suficiente y al más bajo precio posible, y eventualmente tener un poco más de fuerza frente a una sociedad entendiblemente desconfiada y muy resistente a pagar más impuestos.
La dificultad viene porque es difícil que las organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad civil consientan un paquete tributario en el corto plazo, especialmente si no han visto lo que han venido reclamando por mucho tiempo: racionalidad, eficiencia y reorientación del gasto público. De hecho, para la sociedad organizada, el problema fiscal aparece con una oportunidad para disciplinar la maquinaria partidaria enquistada en el Estado y para hacerla responder a sentidas demandas ciudadanas porque la posibilidad de llegar a acuerdos tributarios se sujeta a logros por el lado del gasto.
Pero esa vía implicaría que el gobierno no pueda preparar un presupuesto para 2013 con nuevos impuestos y mayores ingresos y que tenga que contraer el gasto público en más de RD$ 55 mil millones.
La consecuencia en el crecimiento sería severa. Sería algo así como si las exportaciones se cayeran en un 10% o como si, de repente, el consumo privado se contrajera en 4%.
Por su parte, las cartas fuertes del FMI ya se conocen: sector eléctrico y medidas tributarias.
Aunque para el Fondo el cierre de las cuentas es lo que cuenta, dado el historial reciente de la administración dominicana, éste tendría razones para desconfiar de una propuesta de ajuste sólo por el lado del gasto, y apuntaría a más impuestos y menos exenciones.
Hay que reconocer que, sin entrar en la discusión de la distribución de la carga, un paquete tributario sería menos recesivo que un drástico recorte del gasto porque aunque se sustraerían los recursos de la economía y se perdería poder de compra, el Estado devolvería la mayor parte de ellos en forma de gasto.
Sin embargo, los nuevos impuestos aumentarían el financiamiento de un Estado con un comportamiento reprochable en muchos ámbitos, y se perdería una gran oportunidad para modificarlo. En otras palabras, se pospondría el problema de fondo.
En síntesis, si el gobierno decide contraer el gasto para dar la oportunidad de alcanzar acuerdos tributarios con la sociedad, se abriría la posibilidad de lograr ansiados cambios de largo plazo, pero el golpe económico sería severo.
Por el contrario, si el gobierno decide imponer una reforma impositiva, el golpe económico inmediato será menor pero se habrá sacrificado capital político y la oportunidad de lograr transformaciones sustantivas porque una vez haya recursos, la urgencia cesará. Ese es el dilema. l
