Dicen proyecto de titulación generará caos sin precedentes

Especialistas en el área de jurisdicción inmobiliaria objetan el  anteproyecto de Estrategia Nacional de Titulación de Inmuebles…

Especialistas en el área de jurisdicción inmobiliaria objetan el  anteproyecto de Estrategia Nacional de Titulación de Inmuebles que anunció el presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional porque contradice mandatos constitucionales como el derecho a la propiedad, fomenta el caos y pone en riesgo la seguridad jurídica.

Valoran la buena intención del mandatario de preocuparse por dotar a los propietarios de terrenos de sus títulos, pero afirman que aprobar el proyecto como está concebido tiene un efecto contrario al interés de servir a los sectores de menores ingresos del país.

Para el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, el anteproyecto  es inconstitucional, nocivo, arbitrario, absurdo e inoperante y constituye el mayor atentado que se le puede hacer al derecho de propiedad en el país porque fomentará las invasiones.

En una entrevista concedida a elCaribe, dijo que al presidente Danilo Medina no le han dicho las consecuencias de ese anteproyecto si es aprobado tal y como fue concebido.

“El plan  de titulación  constituye un paso de avance de mucha importancia para la institucionalización de la República Dominicana; estoy totalmente de acuerdo con un proyecto nacional de titulación”, pero  refiere que “sin los vicios constitucionales” que  tiene el anunciado por  el presidente Danilo Medina.

Objeta básicamente dos aspectos: la prescripción adquisitiva del inmueble, que viola el artículo 51 de la Constitución y la creación de una Oficina Nacional de Registro Inmobiliario, que intenta sacar del ámbito judicial el Registro de Títulos  para pasarlo al Ministerio de Hacienda.

La prescripción contempla el desconocimiento del título de propiedad aunque tenga un derecho registrado,  vale decir, que una persona puede entrar y apropiarse de  una propiedad con títulos y luego de un tiempo reclamar derecho de ese inmueble.

 A su juicio, eso generaría un caos de grandes dimensiones porque fomentaría las invasiones tanto en terrenos de propiedad privada como pública.

El expresidente del Consejo del Poder Judicial tampoco ve bien la creación de la Oficina Nacional de Registro que contempla el plan para que sea administrada por el Ministerio de Hacienda porque sacaría  una de las funciones  de la  jurisdicción inmobiliaria de la justicia para  que la maneje el Poder Ejecutivo.
Cree que el interés de quienes elaboraron el anteproyecto  es  beneficiar al Poder Ejecutivo  económicamente  porque que las recaudaciones inmobiliarias  constituyen la tercera fuente de ingreso del Estado. Por encima solo están las direcciones de Aduanas e Impuestos Internos.

Excelente oportunidad

Para el especialista en derecho inmobiliario Robinson Ariel Cuello Shanlatte, dotar a los dominicanos y dominicanas de certificados de títulos para alcanzar el desarrollo económico   es una de las misiones esenciales del Estado.

“Es la oportunidad de convertir “El Capital Muerto” en activo de valor, mediante el cual los propietarios pueden acceder a capitales frescos que permitirán el mejoramiento de sus condiciones de vida, que se traduce en inversión colectiva; que ayudará a la eliminación del índice de pobreza, mediante la promoción de las condiciones de vida de sus titulares y beneficiarios de derechos reales inmobiliarios”.

Sin embargo, afirma que  la propuesta de ley no cumple con esa finalidad porque lo que hace es debilitar uno de los pilares esenciales del estado de derecho: la protección y el respeto a la propiedad privada en el país. Recuerda que el Sistema Torrens, instituido en el país en 1920, establece que los derechos registrados son imprescriptibles.

“Consideramos que la propuesta incentivaría la invasión de la propiedad privada y estatal, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, la paz pública y el estado de derecho, en la República Dominicana. Con esta propuesta se daría inicio a la ocupación masiva de las propiedades estatales, ya que en la misma, se establece un plazo de prescripción de 10 años en relación a los derechos de propiedad del Estado”.

Respecto al artículo 13 del anteproyecto, que crea  un Registro Inmobiliario y Catastral único con sede en el Distrito Nacional, el abogado entiende  que se pretende “concentrar la operación de los registros y de las Direcciones Regionales de Mensuras en una única entidad, propiciando la formación de registradores sin rostro y carentes de vinculación con las comunidades y los sectores a los cuales brindan servicios”.

“La oficina pondría en riesgo la inversión inmobiliaria en el país, ya que el Poder Ejecutivo es el ente que ha propiciado mayores fraudes en torno al derecho de propiedad y sería el responsable de ejecutar y resguardar el patrimonio inmobiliario del país, con los riesgos que esto implica por los marcados intereses políticos que gravitan en el sistema y la fragilidad institucional que existe en la República, lo que genera un verdadero conflicto de intereses”, afirma Cuello Shanlatte.

El plan de titulación del presidente Medina

En su discurso de toma de posesión el presidente Danilo Medina anunció el plan de titulación que calificó de ambicioso en toda la historia del país y que tiene por finalidad estimular la producción y garantizar el poder del crédito a propietarios.

Se mostró decidido a enfrentar problemas  estructurales que por años esperan soluciones desde el Estado. Nuestra meta es alcanzar 150,000 nuevos inmuebles titulados en cuatro años, para anular el fenómeno de la extralegalidad en 12 años”.

Prometió un renacer de la agropecuaria porque no solo se cumplirá con la anhelada demanda de títulos de propiedad, sino que además, garantizará el acceso a crédito, facilitando fondos por medio del Banco Agrícola y la banca privada.

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