El aspirante a Defensor del Pueblo, Andrés Fortunato Victoriá, atribuyó al temor de algunos sectores que no se haya implementado esa figura.
Consideró que al parecer hay temor de algunos sectores de que se vele, supervigile y se investigue, sin previo aviso, a la administración pública con la finalidad que las instituciones se ajusten a las leyes.
Recordó que en el 2010 la Cámara de Diputados inició un proceso de inscripción para la elección del Defensor Público por mandato de la Ley 19-01 y de la Constitución aprobada ese mismo año, sin embargo, la legislación esta engavetada.
Explicó que a pesar de que la Cámara de Diputados eligió la terna que dispone el artículo 192, que establece su remisión al Senado en un plazo de 15 días, la situación sigue sin variación. Deploró que tampoco la Suprema Corte de Justicia ha hecho respetar la Ley como se contempla cuando no se logra pasar en el Congreso Nacional.
Un defensor
El excombatiente constitucionalista dijo que es un defensor de los derechos humanos y de los intereses de la nación de toda la vida. Entiende que la realidad convoca a un cambio en la concepción del manejo del poder de la política pública.
Expresó que se siente comprometido con salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos como lo establece la Constitución y de velar por el buen funcionamiento de la administración pública para que se ajuste a la moral y a todo el ordenamiento jurídico.
