La dirección de Migración provocó una discusión innecesaria, con su resolución 7475 sobre la inscripción de extranjeros en los centros de educación.
Oportunamente, junto al Ministerio de Educación, dejó sin efecto la medida. Pero no está de más valorar lo acontecido, sobre todo en una materia tan delicada, que suele llamar la atención de ciertos gobiernos y organizaciones internacionales.
Evidentemente, Migración cometió un error en su empeño de hacer cumplir la ley y especialmente el nuevo reglamento. Es evidente que su propósito era regular la presencia de estudiantes extranjeros ilegales a nivel secundario y universitario. Pero la circular, en los términos en que fue escrita, abarcaba el universo escolar.
Migración no tiene calidad para impedir la inscripción en las escuelas a los niños, hijos o no de extranjeros ilegales, pues están amparados por el artículo 63 de la Constitución, que establece que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades…”.
Migración tampoco puede disminuir los derechos previstos en la Ley No. 136-03 para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que en su artículo 45 establece que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación integral de la más alta calidad y que en ningún caso podrá negarse la educación a los niños, niñas y adolescentes alegando razones como: la ausencia de los padres, representantes o responsables, la carencia de documentos de identidad o recursos económicos o cualquier otra causa que vulnere sus derechos.
Pero la realidad es que muchos niños se quedan fuera de las aulas porque no están declarados. Es práctica habitual, y afecta a nacionales y extranjeros, pero por razones muy ajenas a las que se discuten ahora, por actitudes irracionales de funcionarios escolares o por irresponsabilidad de los padres, nacionales o extranjeros.
Es una de las consecuencias del grave problema del sub registro de nacimientos en la República Dominicana, con un alto costo social y económico para las familias e incluso para el Estado dominicano, toda vez que ello se convierte en una causa de marginalidad social.
