Amagar y no dar

El presidente Danilo Medina introdujo recientemente al Congreso  dos importantes proyectos de ley, la tan dilatada reforma de la Policía Nacional y el que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Amagar y no dar

Hay múltiples razones que explican la dañina y rampante cultura de irrespeto a la ley en nuestro país, entre las que hay que hacer…

El presidente Danilo Medina introdujo recientemente al Congreso  dos importantes proyectos de ley, la tan dilatada reforma de la Policía Nacional y el que crea el Servicio Nacional de Salud (SNS).El proyecto de reforma policial rompió records, al haber sido retirado del Senado a apenas horas de haber sido enviado por el Poder Ejecutivo. Al parecer el consenso logrado con el Ministerio de la Presidencia, de Interior y Policía, el Ministerio Público, la DNCD y la propia Policía Nacional, o no era tan sólido, o poderes fácticos que no participaron del mismo lograron convencer al Presidente de que estaba cediendo cuotas de poder.

Para nadie es un secreto que es urgente que la Policía  sea transformada, para que pueda ejercer la labor de prevención del crimen que está supuesta a realizar, para lo cual es indispensable que sus recursos financieros y humanos sean utilizados con idoneidad, pulcritud, transparencia y eficiencia; todo lo contrario al  sistema que tenemos,  fundamentado en la discrecionalidad de sus titulares, plagado de corrupción y malas prácticas, que fomentan más el crimen que lo que lo persiguen. Naturalmente, los que se sirven con la cuchara grande de esta estructura que permite que muchos de sus miembros estén al servicio de particulares y manejen recursos antojadizamente, se resisten a aceptar que la Policía debe  ejercer  la investigación criminal bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

La introducción del proyecto de ley que crea el SNS evidencia que para ejecutar el mandato del desarrollo de la red pública de salud, dictado hace  más de 12 años  por la Ley 87-01, ha debido negociarse para mantener la hegemonía del Ministerio de Salud Pública. Aunque la Ley 87-01 dispuso que tanto el Ministerio de Salud como el IDSS hicieran múltiples reformas que debieron de haber concluido al décimo año de su entrada en vigencia, entre otras: separación de la responsabilidad de regulación, dirección y supervisión de las funciones de administración del riesgo y provisión de los servicios de salud, creación de consejos de administración de las redes de servicios públicos, incluyendo autoridades locales y  representantes comunitarios de los afiliados y usuarios; esto no es lo que hace el proyecto de ley.

El mismo crea una súper estructura denominada el SNS, sin desmontar ninguna de las múltiples comisiones existentes en el área de salud, la cual estará conformada por servicios regionales de la red pública y una Coordinadora del SNS, que será autónoma y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo consejo será presidido por el ministro de Salud, el cual estará integrado, además, por varios funcionarios, un representante del Colegio Médico y uno de la sociedad civil.

Dos reformas necesarias, una que a pesar de haberse introducido  con un buen nivel de consenso, las fuerzas que la adversan lograron que fuera un simple amagar y no dar; la otra  que pretende  reformar olvidándose de sus postulados fundamentales. Al parecer tanto la reforma policial como la implementación de la red pública de salud siguen tropezando con la misma piedra: la resistencia del status quo a perder las cuotas de poder y el manejo discrecional de recursos.

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Hay múltiples razones que explican la dañina y rampante cultura de irrespeto a la ley en nuestro país, entre las que hay que hacer mención especial de la impunidad bajo la que se amparan los que violan la ley y la falta de firmeza de las autoridades en aplicarla.

Este ha sido el caldo de cultivo para un círculo vicioso de ilegalidad que hace que autoridades y sectores de poder se sientan por encima de la ley y se cobijen en sus posiciones para hacer lo que les venga en ganas sin pagar las consecuencias; y que muchos ciudadanos entiendan que ellos también pueden a su vez desafiar el imperio de la ley como lo hacen sus dirigentes.

Este mal que se ha alojado en las entrañas de nuestra nación se ha expandido con inusitada velocidad y ha contagiado todos nuestros estamentos; sin que nuestras autoridades presentes y pasadas hayan hecho ningún esfuerzo por erradicarlo.

La dimensión del problema ha llegado a extremos alarmantes con el agravante de las complicaciones que se derivan de vicios oportunistas que han sacado partido de esta situación como el narcotráfico y el crimen organizado.

Nuestra sociedad, dividida entre la indignación, la frustración, la indiferencia o la hipocresía, no ha sabido exigir con firmeza y de forma masiva el cumplimiento de la ley; porque muchos ciudadanos se han, de cierta forma, acomodado al incumplimiento y están dispuestos a seguir haciéndose ciegos y sordomudos ante esta situación, mientras a ellos tampoco los afecten en su trinchera de incumplimiento. Otros se lamentan de la situación pero en nada contribuyen en remediarla, sin darse cuenta que la construcción de la legalidad empieza por cada uno de nosotros.

De vez en cuando despertamos alarmados por la gravedad de algunos hechos, desde el robo de un avión en un aeropuerto bajo la seguridad del Estado, el de los cables que sostienen la estructura de uno de los principales puentes del país o de todo lo que reposa en lo que se suponen ser camposantos; sin embargo, nada ocurre y mientras más enérgicas son las reacciones de las autoridades, más efímeras son sus acciones.

Y ese es precisamente uno de nuestros problemas fundamentales, la errática forma en que nuestras autoridades pretenden hacer cumplir la ley, pensando que lo que no han resuelto en años, de golpe y porrazo lo van a hacer porque sí, sin hacer el esfuerzo requerido para asegurar un tránsito hacia un cambio ni generar la credibilidad necesaria; razones por las que sus intentos fracasan.

Ese amagar y no dar de nuestras autoridades, que un día se envalentonan y proclaman que harán cumplir la ley y al siguiente nada hacen o simplemente echan para atrás decisiones, lo único que hace es agravar más la situación.

Ojalá que nuestras autoridades se dieran cuenta que es mejor no dictar una disposición legal si no se va a hacer cumplir y que para imponer el respeto a la autoridad y la ley, primero hay que ganárselo con sus propias actuaciones.

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