Para que el derecho al voto cumpla con su función principal de permitir que los ciudadanos ejerzan el poder de escoger a sus representantes y de esta manera influir en las decisiones del gobierno, es necesario que este voto se lleve a cabo de manera libre, razonada y responsable. Vale preguntarse si en el país contamos con un sistema electoral que haga posible el ejercicio de este derecho en libertad.
En búsqueda de respuestas, debemos partir del hecho de que a más de 30 años de democracia, en la República Dominicana ha sido imposible erradicar la situación de profunda desigualdad social y de precariedad económica en que vive una parte importante de su población. Esto es muy preocupante si reconocemos los estrechos vínculos existentes entre institucionalidad democrática y equidad social. La pobreza es una seria amenaza para la democracia y al mismo tiempo “la democracia es condición fundamental para impulsar el desarrollo y combatir la pobreza y la desigualdad” (Iglesias, 2004).
Esta realidad está determinando que a muchos dominicanos y dominicanas se les impida el reconocimiento pleno de sus derechos fundamentales, incluyendo sus derechos políticos. Lo que es más grave aún, es que una actividad política que se resiste a superar las viejas prácticas de clientelismo y caudillismo heredadas de los regímenes autoritarios, se beneficia de la situación de exclusión social y económica que persiste en el país.
Un sistema político basado en relaciones clientelares, impide un ejercicio responsable del voto y la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Esto limita la calidad de la democracia y de sus procesos electorales. No podemos hablar de avances en el sistema electoral dominicano mientras la clase política se siga aprovechando de las necesidades de la gente para intercambiar favores por lealtades electorales.
Durante las campañas electorales es muy común ver las vergonzosas prácticas de distribución de dinero y electrodomésticos, de uso de los programas sociales para el proselitismo electoral y de realización de promesas de obras públicas en sectores populares. Esta se constituye en una forma de coartar el ejercicio del voto de los ciudadanos y las ciudadanas, pero al mismo tiempo, de atentar contra la dignidad de las personas.
Todo lo anterior nos está indicando que las preocupaciones por mejorar la calidad de los procesos políticos deben ir más allá de la promoción de cambios tecnológicos y logísticos a nivel electoral. Es urgente pues, prestar especial atención a la creación de las condiciones necesarias para un ejercicio del voto libre e informado de los dominicanos y las dominicanas.
