MEXICO (AP).- El secretario de Gobernación de México atribuyó el martes a la baja inversión pública en prisiones que realizan los estados federados el mortal motín y la fuga ocurridos recientemente en dos centros penales del estado de Nuevo León.
El secretario Alejandro Poiré señaló en rueda de prensa los factores por los cuales ocurrió «esta lamentable situación» en las prisiones estatales, entre los cuales citó la ausencia de infraestructura, «la violencia con la que las organizaciones criminales mantienen sus negocios en el interior de los centros penitenciarios» y la necesidad de «depurar y mantener controlados a los funcionarios de los centros de readaptación social».
Horas antes, tres reos fueron asesinados en el penal de Topo Chico, en la zona metropolitana de Monterrey.
El vocero de seguridad en el estado de Nuevo León, Jorge Domene, dijo que las víctimas habían ingresado el lunes al penal acusados de secuestro y de pertenecer a la banda de narcotraficantes Los Zetas. Dos personas han sido detenidas por las muertes.
En una de las peores masacres carcelarias registradas en México en los últimos 25 años, el sábado, varios miembros de Los Zetas masacraron con piedras y puñales a 44 reos de un cartel rival en la cárcel de Apodaca. En este caso, el alcaide, el jefe de seguridad y 18 custodios están detenidos y siendo investigados debido a que estaban a cargo de la sección en donde se produjeron la riña y la fuga de 30 reos que pertenecen al grupo Los Zetas.
El martes, los presos incendiaron colchones y basura en el penal cuando las autoridades anunciaron la transferencia de tres de ellos.
Una columna de humo gris se alzó del interior de la cárcel poco después del ingreso de varios agentes de la policía federal.
En el exterior, medio centenar de mujeres parientes de los presos encendieron una fogata con trozos de cartón y madera. Las mujeres lloraban y arrojaban piedras a los agentes que lanzaban agua al fuego desde atrás de un portón de alambre.
Poiré indicó que la investigación de lo sucedido es responsabilidad las autoridades de Nuevo León, pero que el gobierno mexicano les apoyará. «Garantizamos la seguridad perimetral de las instalaciones», añadió.
