Por fin ya fueron electos y juramentados los nuevos jueces que a partir de ahora conforman las altas cortes del país: una Suprema Corte de Justicia (SCJ) remozada casi en su totalidad, un recién creado Tribunal Superior Electoral (TSE) con funciones similares a las que tenía la extinta Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral (JCE) y un muy esperado Tribunal Constitucional (TC) independiente y con la función capital de controlar la constitucionalidad de las leyes en sentido lato.
Estos tribunales constituyen los picos más altos de nuestro Poder Judicial, ya que el TSE jugará un papel fundamental en el sistema político (especialmente en momentos pre y post elecciones), la SCJ tendrá un importantísimo rol jurisdiccional (ahora con más énfasis pues han sido reducidas a la mínima expresión sus funciones administrativas), y aún más importante el anhelado TC que por su naturaleza tendrá un significativo impacto en diversos aspectos de la vida en sociedad.
Es por esto que resultan inadecuados los presupuestos asignados a estas instituciones para el año 2012, principalmente los del TSE y el TC. De acuerdo a la ley presupuestaria aprobada para el año que pronto comienza, el TC contará con un presupuesto de apenas 150 millones de pesos para todo el año y el TSE tendrá un presupuesto de tan sólo 100 millones de pesos justamente en un año de elecciones presidenciales.
Se trata de instituciones nuevas, que ni siquiera cuentan con locales, mobiliario ni equipos, para las cuales se han designado como jueces personas que tendrán que dejar importantes cargos que actualmente ostentan o prácticas privadas muy exitosas y que por consiguiente necesitan buenos salarios, instituciones que además requieren personal altamente capacitado para acompañar a los jueces en la realización de trabajos muy sensibles, y en general una serie de elementos en los que hay que invertir una cantidad apropiada de recursos si se quieren resultados de calidad.
La labor de estos tribunales es mucho más importante que la de otras instituciones públicas cuyo presupuesto asignado para el año próximo es significativamente superior. Ideal sería que, por ejemplo, el TC cuente con un presupuesto parecido al de la Cámara de Cuentas, cuyo monto fijado para el 2012 fue de 424 millones de pesos. Y aunque ya tenemos un presupuesto aprobado, basta con que el Presidente tenga la voluntad y sin problemas se puede resolver la situación. Podría el Poder Ejecutivo elaborar un proyecto de ley de modificación a la ley presupuestaria para traspasar fondos de una o varias instituciones para engrosar los del TC y el TSE. Y sin dudas el presupuesto de la Presidencia luce como el mejor candidato para esto.
