La Dirección General de Prisiones y la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara de Diputados analizaron ayer la implementación de un plan de colocación de brazaletes electrónicos de ubicación a los imputados de delitos criminales que gocen de libertad provisional.
En una primera fase el dispositivo sería utilizado con los acusados de feminicidios, violación sexual o violencia intrafamiliar, y posteriormente ir extendiendo su aplicación a todos los justiciables que se encuentren en libertad, por diferentes medios legales, pero que están acusados de delitos criminales.
Martín Almonte, director del Cuerpo de Probatoria de Libertad Condicional de la Procuraduría General de la República, explicó a los miembros de la comisión de justicia de la Cámara de Diputados que ya hay registros exitosos alcanzados en una prueba piloto realizada en la jurisdicción de la provincia Santo Domingo.
Sugirió que el sistema de brazaletes electrónicos sea aplicado sin temor a que se observen fallas importantes. Indicó que en los Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones desarrolladas el sistema lo utilizan con una eficiencia superior al 80 por ciento. El brazalete electrónico permite la ubicación del imputado y garantiza su presencia en todos los requerimientos.
