Incongruencias presupuestarias

Una mirada a los proyectos de presupuesto aprobados por el Congreso Nacional en los últimos cinco años, incluido el de 2012, permite observar grandes incongruencias  en la distribución de los gastos.

Algunos ejemplos: La Cámara de Cuentas, órgano llamado a fiscalizar y velar por el buen manejo de los recursos del Estado tanto en instituciones públicas como privadas, lleva los últimos cinco años con la misma asignación de RD$423.8 millones. Ni más ni menos. No importa la variación anual y el crecimiento que registra el producto interno bruto (PIB).

El Poder Judicial, encargado de velar por la justicia en los tribunales de todo el país, con más de 600 jueces y la necesidad de igual cantidad, la mayoría sin servicios de seguridad, a pesar de la delicadeza de los casos, lleva los últimos cinco años con una partida presupuestaria que no pasa de RD$3,700 millones.

El Ministerio de Turismo, sector que en los últimos años se ha convertido en el principal generador de divisas y de empleos, además de motor de la economía nacional, lleva más de cinco años con una partida presupuestaria que apenas promedia los RD$1,000 millones.

Sin embargo, la Presidencia de la República, donde se agrupan partidas para un número extraordinario de instituciones que ya no tienen razón de ser y que muchas ni siquiera se sabe que existen, se asignó en el año 2010 un total de RD$43,227 millones, mientras que este año bajó a RD$36,820 millones, y para 2012 volvió a aumentarse a RD$45,011 millones.

¿Por qué varía tanto la partida de la Presidencia de un año a otro, que baja y sube entre RD$8,000 y RD$10,000 millones, si sus actividades y la de los órganos que dirige son prácticamente invariables.

Llama la atención el hecho de que la partida de la Presidencia siempre es más alta en los años pares (2004, 2006, 2008, 2010, 2012). Lo pueden revisar y comprobarlo. ¿Tendrá eso alguna relación con el hecho de que esos años son electorales?

Otra incongruencia. Los presupuestos de los ministerios de la Mujer, de la Juventud, de Administración Pública, de la Cámara de Cuentas, y de los tribunales Constitucional y Superior Electoral, son todos más bajos que el del Despacho de la Primera Dama.
[email protected]

El Senado hizo lo correcto

La decisión del Senado de la República de aprobar en dos lecturas consecutivas y sin siquiera leer el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos de 2012 ha sido criticada por diversos sectores que califican la acción de irresponsable y hasta de mal intencionada.

Pero todo parece indicar que lo único irresponsable en este procedimiento del Senado ha sido la falta de información, pues la lógica indica que lo que hicieron los legisladores de la Cámara Alta fue lo correcto.

Veamos: El Senado de la República está formado por 31 legisladores del oficialista PLD y un sólo de la oposición, el reformista Amable Aristy Castro. ¿Para qué los senadores del PLD se iban a poner a discutir, llevar a comisión y convocar a vistas públicas un proyecto elaborado por su propio gobierno y que es sabido que será modificado también en la Cámara de Diputados, donde más de la tercera parte de la matrícula de legisladores son del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD)?

Es más factible para los senadores, mandar de inmediato el proyecto a la Cámara Baja, que los diputados lo modifiquen y le hagan las observaciones que consideren y luego lo remitan al Senado, donde deberá ser aprobado como llegue para no volver otra vez donde los diputados.

El fallo inicial estuvo en el Poder Ejecutivo, que debió someter el proyecto por la Cámara de Diputados y no por el Senado. Algunos pueden decir que el Senado debió guardar las apariencias, proponer una comisión bicameral de estudio y no proceder de una forma tan ligera.

Es cierto, la forma no fue la correcta, pero en el fondo, se trata de la decisión más sensata, pues son los diputados los que deben conocer a fondo el proyecto de presupuesto, no los senadores, que por ser mayoría absoluta y casi total del partido de gobierno, es poco o nada lo que pueden cambiarle a la pieza.

Creo que lo malo que ha hecho el Senado es no tener la responsabilidad de informar de manera institucional sobre esta decisión de remitir el proyecto de presupuesto al escenario donde verdaderamente será objeto de discusión, debate y posibles cambios, en lugar de perder el tiempo dando largas con allantes de supuesta atención a los sectores de la vida nacional, para luego no hacer nada.
[email protected]

El Estado y los fondos de pensiones

Siempre se habla de que es preciso tener cuidado con el uso de los fondos de pensiones de los trabajadores y de que el Estado no es el ente más confiable para la administración de esos recursos. Las razones se explican por el hecho de que tradicionalmente el Estado ha sido mala paga, mal administrador, permisivo con actos de corrupción y todo lo demás que ustedes quieran agregar.

Pero al hacer un pequeño ejercicio de observación en el informe que publica la Superintendencia de Pensiones (Sipen) sobre el crecimiento de los fondos de pensiones, se tienen los siguientes datos: a junio de este año los fondos de capitalización individual sumaban 103,417.3 millones de pesos; los fondos complementarios 484 millones; los fondos de reparto 4,449.2 millones, y los fondos de solidaridad social 7,040.8 millones, para un total acumulado de 115,391.4 millones de pesos.

Esos recursos son invertidos mayormente en valores que emiten las entidades financieras para obtener un rendimiento que los haga suficientes a la hora de los trabajadores recibir sus pensiones tras su retiro luego de 30 años de cotización mensual junto a sus patronos.

Veamos dónde están invertidos: el 47.7% de esos fondos están depositados en valores del Banco Central, el 9.9% en emisiones del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, el 3.3% de los recursos están en el estatal Banco de Reservas y un 4.1% en el estatal Banco de Fomento a la Vivienda y la Producción (BNV). No es para alarmarse, sino más bien para darse cuenta de que el Estado no es tan inseguro y que no hay motivo para desconfiar tanto, o no existen otras alternativas.

Esto así, porque al sumar los montos, tenemos que el 65.1% de los fondos de pensiones, lea bien, las dos terceras partes de los recursos de retiro de los trabajadores, están depositados en entidades netamente estatales, es decir, bajo la administración directa o indirecta del Estado.

El resto de esos recursos están en bancos y entidades financieras privadas, así como en bonos emitidos por empresas privadas. Una buena parte de los fondos de pensiones que reposan en entidades financieras privadas también es invertida en valores del Banco Central o de Hacienda. Es decir, en el Estado.
[email protected]