Un balance de siete años de administración económica del gobierno de Leonel Fernández tendría que concluir que aunque ha logrado mantener la estabilidad macroeconómica, los objetivos de desarrollo tales como el fortalecimiento de las capacidades productivas, del empleo y de la competitividad, la reducción ostensible de las privaciones en que vive la gente, y la expansión de las oportunidades que éstas tienen, han sido pospuestos.

Los resultados concretos en el bienestar de la gente, que es el marco de evaluación adecuado del desempeño económico y de las políticas públicas, son francamente mediocres. Esto, a pesar de haber disfrutado de uno de los períodos de más alto crecimiento económico en la historia reciente del país, luego de la debacle de 2003-2004, y de un escenario externo muy favorable durante la mayor parte del tiempo. Si tiene dudas sobre las cifras oficiales del crecimiento, ajústelas a un nivel más razonable y concluirá lo mismo. En ese sentido, se repite la historia de los últimos 50 años.

De acuerdo a las cifras disponibles, en la década pasada, los principales indicadores sociales apenas cambiaron: la mortalidad infantil no se redujo, la mortalidad materna no ha cedido, el analfabetismo se ha reducido de forma tímida, el porcentaje de población sin educación tampoco se ha reducido, la escolaridad promedio apenas subió, la pobreza se ha reducido desde 2004 pero casi se han estancado desde 2007 y sigue siendo mucho más alta que antes de la crisis de 2003, a pesar de que el ingreso per cápita del país es significativamente más alto (¿a donde se fue el crecimiento?), y aunque las condiciones de vida en los hogares medidas por indicadores como la calidad del piso y el acceso a servicios como electricidad y servicios sanitarios han mejorado, lo han hecho de forma modesta.

Para ser justos, no hay que menospreciar el esfuerzo que requiere mantener la estabilidad, en especial cuando hay shocks externos como los recientes. Tampoco se puede menospreciar su importancia: la inestabilidad implica más pobreza y privaciones porque los pobres no pueden defenderse de la alta inflación. En ese sentido, el mantenimiento de la estabilidad es una condición para avanzar en cuestiones sustantivas. No obstante, hay que evitar dar créditos excesivos a la gestión económica, máxime cuando el esfuerzo ha tenido y tendrá costos muy elevados (agudo aumento de deuda pública, alzas de tasas de interés y reducción del crecimiento y del empleo).

Algunos de esos costos han comprometido severamente la capacidad del Estado de hacer política pública, incluyendo la de mantener la estabilidad. Pero lo más importante es que es inaceptable conformarse con logros tan limitados.

Además de la estabilidad, se pueden enumerar algunos otros logros como la puesta en marcha del sistema de la seguridad social en salud, los esfuerzos meritorios por contener algunas epidemias, y algunos avances legales relevantes como el nuevo marco institucional del ejercicio fiscal (como la ley de presupuesto y la de crédito público), la ley de competitividad (que ha sido violada), y la ley de administración pública. No obstante, las contribuciones de estos elementos a la calidad de vida de la gente y al funcionamiento mismo del Estado, han sido exiguas.

Es por ello que una agenda de políticas para un nuevo gobierno debe enfocarse en dar el salto hacia el desarrollo. La expansión y consolidación del sistema de seguridad social, avances decididos en la solución definitiva del problema eléctrico vía el ataque enérgico al robo de energía, la firma de nuevos contratos a precios justos y el cambio en la matriz energética, el impulso a políticas de apoyo a la producción y a favor del cambio tecnológico, el aprendizaje y la innovación, el aumento significativo del gasto en educación en todos los niveles y un esfuerzo firme por mejorar la calidad de la enseñanza, transformar la asistencia social en un instrumento de desarrollo para la gente, y la priorización de la inversión pública en áreas como agua y saneamiento, riego y comunicaciones, especialmente en el nivel local, deberían ser algunas de las líneas maestras de esa nueva agenda para el desarrollo. Estas no deben seguir siendo dejadas de lado como hasta ahora.
El autor es economista
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