La reciente decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de otorgar un plazo para que cualquier persona o institución presente candidatos para escoger los miembros del Tribunal Constitucional y  el Tribunal Superior Electoral, y renovar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ha sido una medida positiva.

La proposición pública y abierta de candidatos a las “altas cortes” ha venido a darle una fuerte dosis de legitimidad social a una escogencia que tradicionalmente ha sido un reparto entre las élites políticas, salvo cuando en el 1997 se escogió a la actual Suprema Corte de Justicia.

Del mismo modo, el hecho de que Finjus y Participación Ciudadana anunciaran que no van a presentar listas de candidatos a los puestos a seleccionar, contribuye a centrar toda la atención pública en la transcendente labor que debe desarrollar el CNM, restándole presiones al proceso de escogencia.

La selección de los jueces del TC, el TSE y la SCJ es probablemente la tarea institucional de mayor envergadura que ha enfrentado el país en las últimas décadas, pues se conformarán dos nuevos órganos creados por la Constitución de 2010 y se renovará el órgano del Estado que ha protagonizado la mayor transformación en los últimos tres lustros.

Contra el tradicional pesimismo criollo, pienso,  sin embargo, que este importante desafío que se le presenta al CNM permitirá avanzar en el proceso de institucionalización de la democracia dominicana. Y que, a pesar de las falencias que se puedan observar, el balance final será marcadamente positivo.

Creo del mismo modo que la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia debe hacerse respetando el mandato constitucional, que reserva las tres cuartas partes a los jueces de carrera.

Y que, para ser ascendidos al más alto tribunal judicial del país, deben tomarse en cuenta jueces de todos los departamentos en que se ha organizado el aparato judicial dominicano. Entiendo que este porcentaje debe reservarse para jueces de Corte de Apelación.

Algunos de los jueces no sólo tienen sobrada experiencia, capacidad y honestidad, sino que han realizado importantes aportes a la bibliografía jurídica nacional.

El nuevo Tribunal Constitucional debería ser integrado por juristas que cultivaron durante años casi como rara avis el Derecho Constitucional, ya impartiendo docencia o realizando una labor doctrinaria.

Y, finalmente, creo que se debe asignar una importante cuota en todos los órganos a las juezas y abogadas dominicanas que se han destacado por su capacidad e integridad. No olvidemos que Venus es una mujer.
Ricardo Rojas León  es abogado

Posted in Sin categoría

Más de

Más leídas de

Las Más leídas