EEUU: advierten nuevas medidas no equivalen a amnistía

MIAMI (AP) — La suspensión de las deportaciones anunciada por el gobierno del presidente Barack Obama beneficia sólo a algunos inmigrantes y no equivale a una amnistía ni concede un permiso automático de trabajo, advirtieron el lunes abogados y

MIAMI (AP) — La suspensión de las deportaciones anunciada por el gobierno del presidente Barack Obama beneficia sólo a algunos inmigrantes y no equivale a una amnistía ni concede un permiso automático de trabajo, advirtieron el lunes abogados y defensores de inmigrantes.

«Lo que se ha anunciado beneficia a una comunidad muy limitada, la que está bajo proceso de deportación», manifestó Carlina Tapia Ruano, abogada de la Asociación Estadounidense de Abogados.

«No quiere decir que tenemos nueva visa ni permiso de permanecer en este país ni para trabajar», dijo Tapia Ruano en una conferencia telefónica que ofreció junto a un grupo de defensores de los derechos de los inmigrantes.

Las advertencias tuvieron lugar después de que el jueves el gobierno nacional anunció que demorará por tiempo indefinido la deportación de muchos inmigrantes sin antecedentes penales que no tienen autorización para permanecer en el país y les ofrecerá la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo.

El gobierno, en cambio, se concentrará en la deportación de delincuentes que ya han sido declarados culpables y en la de quienes pudieran representar una amenaza para la seguridad pública o nacional.

Al efectuar el anuncio, la secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano dijo que el cambio de política significa que habrá una revisión caso por caso de los inmigrantes que enfrentan una posible deportación en los tribunales.

En la conferencia telefónica de poco más de una hora, Tapia Ruano explicó que unas 300.000 personas que tienen casos de deportación pendientes en las cortes de inmigración tendrán la oportunidad de que las autoridades revisen sus expedientes y decidan si prosiguen con la repatriación o la suspenden.

Aclaró que no necesariamente los 300.000 casos serán suspendidos o cancelados; y dijo que tampoco recibirán permiso de trabajo todas las personas beneficiadas con la suspensión de su deportación ya que cada caso será analizado de manera independiente.

Katherine Vargas, portavoz del Foro Nacional de Inmigración, explicó que entre los beneficiados por las medidas estarían las personas que llegaron a Estados Unidos de niñas, estudiantes, mujeres embarazadas y ancianos, y en general quienes no tengan antecedentes de crímenes violentos o no representan un peligro para la seguridad pública.

«Tenemos que enfatizar que no se está anunciando una reforma migratoria ni una legalización» del estatus migratorio, remarcó Vargas. «Se suspende la deportación, pero no se cambia el estatus», insistió.

Las nuevas medidas han creado algo de confusión entre los inmigrantes que ingresaron al país sin autorización legal, dijeron los activistas que participaron en la conferencia de prensa telefónica.

Por ello es importante que los inmigrantes «no firmen una salida voluntaria (del país) antes de haber hablado con un abogado», manifestó Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA, por su nombre en inglés).

«Pedimos (a los inmigrantes) que no se entreguen a las autoridades de inmigración pensando que se van a beneficiar de cambios. Sería un grave error», dijo.

Aclaró, sin embargo, que todavía existe la posibilidad de que las autoridades detengan en sus casas o lugares de trabajo a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin autorización.

Los activistas dijeron que el gobierno deberá aún anunciar próximamente cómo se implementarán las medidas.

«Lo importante es que la administración dé un detalle de quién y cómo se va a poder beneficiar con este nuevo programa», consideró la abogada Tapia Ruano. Dijo que con esa información, serán entonces las autoridades locales las que implementen las medidas.

Obama incumplió la promesa electoral de realizar una reforma migratoria integral en su primer año de mandato, para regularizar la situación de unos 11 millones de inmigrantes que no tienen autorización para permanecer en el país.

La inexistencia de esa reforma y la deportación sin precedentes de 393.000 personas en el 2010 han generado críticas de la comunidad hispana a Obama, que necesitaría sus votos para una eventual reelección presidencial en el 2012.

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