No a la impunidad

Después de un largo y penoso proceso, en el cual la justicia se veía tan disminuida por la temeridad, arrogancia y triquiñuelas de toda índole para retrasarlo, la justicia dominicana, a través del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado&#8

Después de un largo y penoso proceso, en el cual la justicia se veía tan disminuida por la temeridad, arrogancia y triquiñuelas de toda índole para retrasarlo, la justicia dominicana, a través del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, actuó conforme a la ley, como esperaba la sociedad santiaguera y nacional con la agresión salvaje, el atentado criminal sufrido por el joven profesional Jordi Veras, el 2 de junio de 2010, hace cuatro años.

Podría decirse que el tribunal impartió justicia por el daño a Jordi, pero más aún, por el golpe desconcertante y perturbador al pueblo de Santiago, al estimular la inseguridad y la violencia, al imponer el terror y el miedo. La realidad es que la sentencia no puede resarcir el daño a la humanidad de la víctima y a la secuela de padecimientos que ha debido vivir después de ese infausto acontecimiento.
Simplemente, ha habido una sanción que para la sociedad representada en la Procuraduría General de la República y de la propia familia, ha sido justa.

Y a decir verdad, el tribunal no tenía más alternativa que condenar a esos señores que ni siquiera merecen ser nombrados. Una familia de abogados, dedicada, firme, que asumió la acusación con gallardía, contribuyó enormemente para que la sociedad no fuese burlada. Lo mismo habría que decir del Ministerio Público, que instrumentó un expediente que debe servir de ejemplo para otros casos que suelen caerse por falta de sustentación. Las evidencias fueron contundentes y hasta dramáticas. La sala solía ser un cuadro de asombro y desgarramiento ante las revelaciones que mostraban a un ser lleno de odio, disponiendo de la vida y de la muerte. Implacable ante un profesional que lo único que hizo fue cumplir con su deber en la defensa de una víctima, precisamente su esposa Miguelina Llaverías.

El momento que vive la República necesita estas condenas, que además de obedecer al sentido de la ley, deben enviar un mensaje a los criminales. Debe servir también de sano estímulo al Poder Judicial. La Nación clama justicia.
Y es que el crimen, nunca jamás, debe quedar impune.

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