Al correr de los días, meses y años, nadie sabe cómo pensará la gente sobre lo que hacemos hoy, pero desde cualquier punto de vista es innegable que los hechos van conformando puntos de vista y opiniones acerca de los comportamientos políticos y sociales, individuales y colectivos.
Podrán emplearse cientos de miles de palabras, y saturar todos los medios disponibles en un esfuerzo por hacer prevalecer determinados criterios acerca de determinados actos.
Al paso del tiempo, las personas tendrán una comprensión mejor sobre tal proceder. Más temprano que tarde será así. Mientras tanto, se construyen tantos discursos que a la pobre gente se le dificulta discernir con propiedad dónde se anidan los verdaderos valores.
Por eso, por más que se diga no hay manera de pretender negar la necesidad de un criterio fundamental propio de la vida pública: la rendición de cuentas, y con ella, el establecimiento de la verdad.
Por eso, el debate sobre el reclamo legítimo de que se explique con claridad los términos de la contratación de la empresa Polis Caribe SRL que regenteaban los esposos brasileños Joao Santana y Monica Moura de parte de la Presidencia de la República no debe generar reacciones tan desafortunadas.
Peor aún, que la Cámara de Diputados renuncie a sus atribuciones constitucionales en materia de fiscalización y control de los fondos mediante un rechazo cerrado del bloque oficialista mayoritario de impedir que se nombre una comisión investigadora para ese fin.
¿Cuál es el problema? ¿A qué se teme?
Las atribuciones del Congreso Nacional son muy precisas en esta materia, según lo consigna el acápite 2) del artículo 93 de la Constitución sobre atribuciones en materia de fiscalización y control de los bienes públicos, y especialmente, todo lo concerniente a los gastos del Poder Ejecutivo.
Además, entendemos que la Administración pública se fundamenta en los principios de transparencia, y siendo así, nada tiene que ocultar.
Quienes defienden la negativa de la Cámara Baja a cumplir con una de sus misiones, no tienen derecho a pretender silenciar a quienes reclaman rendición de cuentas y claridad en la gestión pública.
Su comportamiento es excesivo, y por momentos, intolerante.
