Ante el pico que alcanzó la violencia extendida de semanas pasadas, que sigue latente con la repetición de algunos hechos, como el asesinato del raso policial Manuel Merán Maldonado, a manos de sus propios compañeros, las autoridades recurrieron al mismo recurso: aumentar las patrullas callejeras con la participación de militares.
En medio de la violencia extendida que obligó al presidente de la República a admitir el incremento de la criminalidad, había que hacer “algo”. Algo, como los operativos de registro y detención en las calles, que no sugieren que la situación cambiará. El asesinato del estudiante Warlyn Joselin Báez Báez, de 19 años, que acompañaba a su madre hasta un puesto de venta de café, así lo confirma. Murió durante los días de más intenso patrullaje.
Es que la mayoría de los crímenes y delitos se cometen con armas de fuego. Para disminuir la criminalidad, hay que asumir como política permanente la incautación de las armas ilegales y desarmar a individuos sin las calidades debidas para portar armas.
Con la aprobación de la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados se pensó que las autoridades quedarían empoderadas de los medios para perseguir el porte ilegal y el uso irresponsable, pero la realidad es que la misma no ha impactado.
Desde el artículo primero la ley 631-16 establece que su objeto es prevenir y controlar el uso de las armas por la población civil, las armas utilizadas por los militares y policías fuera de servicio, y promover el desarme paulatino de la población.
Pero las autoridades no han utilizado un recurso tan riguroso como esa ley, que tiene un régimen de sanciones bastante disuasivo.
La posesión ilegal de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios y los demás materiales relacionados, es sancionada con penas de prisión durísimas, según los agravantes, hasta de 40 años. Pero pareciera que no existiese la norma y jueces que la apliquen con coraje.
Desarmar la delincuencia, y en general, a las personas que han obtenido permisos sin la calificación adecuada, debe ser una prioridad, parte de una campaña sistemática, no episódica, contra el crimen, y aplicarle la dura ley. Esa es una clave.
