La integración de fuerzas militares para apoyar a la Policía Nacional en su lucha contra la delincuencia es una medida replicada de otros países latinoamericanos, donde ha provocado polémica, pues los institutos castrenses tienen un objetivo y estructura muy diferentes a las policiales. En el caso mexicano, por ejemplo, la Infantería de Marina ha enfrentado a las violentas bandas criminales. La estructura policial mexicana es especialmente compleja, pues la policía opera a nivel federal, estatal y local. Las policías locales y estatales han sido fácilmente contaminadas, lo que deja coja de apoyo local a la policía federal. De ahí, la entrada de la Infantería de Marina, con sus tropas élites entrenadas y supervisadas por los EE UU.
Reiteramos nuestra propuesta de establecer una guardia civil que controle y vigile el territorio y que una reducida y tecnificada Policía Nacional se oriente al seguimiento e investigación de grupos criminales. La formación de dicha Guardia evita los conflictos provocados cuando se reforma una institución desde adentro. El poner en práctica esta propuesta requiere de decisiones políticas firmes, algo nada sencillo en el país del acomodo. Primero, contratar a un cuerpo especializado de EE UU, Israel, España o Francia para un proyecto de 10 años. ¿Por qué diez años? Pues porque en una cultura como la nuestra es difícil hacer de la disciplina un estilo de vida. Aprender una manera de vivir, no se logra en seis meses. Segundo, permitir a los asesores extranjeros participar decisivamente en el reclutamiento, con altos niveles de exigencias, pues la calidad de lo que salga va a depender de la calidad de lo que entre. Tercero, la formación se deberá continuar aún cuando los oficiales estén activos. Cuarto, eliminar la práctica de “prestar” oficiales a particulares, creando un cuerpo adscrito a los servicios de seguridad para protección de personas que llenen determinados requisitos. Quinto, obediencia exclusiva a los comandantes de su rama, dada la proliferación de coroneles y generales que nadie sabe de dónde han salido. Sexto, limitar el número de oficiales superiores a un número determinado de subalternos. Finalmente, definir un paquete atractivo de beneficios, tales como educación en buenos colegios; seguro de salud premiun para la familia; garantía y ayuda de residencia en lugares decentes; reglas sobre los vehículos que deberán utilizar a nivel personal y familiar, con apoyo del Estado. Un narco siempre andará en un mejor vehículo (hasta que termine su corta carrera), pero un oficial honesto no debería sentirse menos si el Estado le facilita un vehículo de acuerdo a una fórmula de rango. Esta son soluciones caras, pero son financiables, pues se trata de calidad y no de cantidad.
Recordemos que las decenas de miles de policías no han bastado, y las Fuerzas Armadas han debido apoyar. Así de simple…
