Castillo Semán dice resolución de la JCE perjudica a la oposición y favorece al gobierno

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán afirmó este jueves que la resolución de la Junta Central Electoral que prohibió ayer toda actividad proselitista a los partidos políticos violó el Artículo 23 de la Ley 200 de Libre Acceso a la Información Pública, que obliga al organismo a publicar previamente en los medios de comunicación su anteproyecto de resolución y consultar con los partidos y con la sociedad el contenido de la misma, ya que afecta y regula derechos fundamentales.

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo Semán afirmó este jueves que la resolución de la Junta Central Electoral que prohibió ayer toda actividad proselitista a los partidos políticos violó el Artículo 23 de la Ley 200 de Libre Acceso a la Información Pública, que obliga al organismo a publicar previamente en los medios de comunicación su anteproyecto de resolución y consultar con los partidos y con la sociedad el contenido de la misma, ya que afecta y regula derechos fundamentales.

“Es cierto que la Junta Central Electoral tiene un poder reglamentario, pero evidentemente ha incurrido en un gran exceso en el uso de esas facultades, ya que la Carta Magna le da ese poder para garantizar un proceso justo y equitativo en los torneos electorales; jamás para prohibir el ejercicio de derechos fundamentales como son la libertad de tránsito, expresión y difusión del pensamiento, de asociación y de libre empresa”, expresó Vinicio Castillo.

Dijo que la JCE está estableciendo una peligrosa represión de actividades de proselitismo y propaganda que afecta fundamentalmente a los candidatos de la oposición política y al sector que a lo interno del PLD adversa al gobierno, “ya que le da una ventaja al presidente Danilo Medina y a los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones realizan un amplio proselitismo subliminal, que es difundido masivamente en todos los medios de comunicación”.

“Igualmente, ningún medio de comunicación está obligado a cumplir la restricción de la JCE en la venta de  publicidad  con fines políticos.  Están protegidos por la Constitución y la JCE no puede prohibirlo ni penalizarlo al ejercer de manera arbitraria y excesiva su poder reglamentario”, agregó Castillo  Semán.

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