San Juan, Puerto Rico.- La polémica por la cifra de muertes a consecuencia del huracán María, prevalece a nueve meses de que el fenómeno azotara a Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, ante la resistencia del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares de rebasar las 64 que mantiene en sus datos oficiales.
“Siempre hemos dicho que pudieran ser más”, dijo lacónico en días recientes ante la insistencia de los periodistas de conocer la razón para que su gobierno no admita la realidad acerca de esta tragedia humana.
Investigaciones de diversos medios de comunicación de Puerto Rico y Estados Unidos, y hasta una encuesta conducida por la Universidad de Harvard en coordinación con la Universidad Carlos Albizu, han ofrecido cifras estremecedoras sobre los decesos a consecuencia de los huracanes Irma y María, en septiembre pasado.
No solo el mandatario puertorriqueño se niega a desconocer esta realidad, sino diversos funcionarios responsables de su gobierno, como el ministro de Seguridad Pública, Carlos M. Pesquera, su homólogo de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet.
Resguardados en una confidencialidad e la cual los tribunales han abierto parcialmente la cortina para autorizar acceso a los datos del Registro Demográfico, la administración de Rosselló Nevares ha restado mérito a la encuesta de la Universidad de Harvard, que arroja 4.645 muertes, por la amplitud en el margen de error.
Mientras el gobierno se aferra a que lleguen los resultados del estudio que comisionó por 300 mil dólares a la George Washington University, los principales medios de comunicación de Puerto Rico lo mantienen en jaque y el pueblo evidencia su indignación de diversas formas, incluida una protesta hace unos días frente al Capitolio, en San Juan, en cuya explanada fueron colocados miles de zapatos como evidencia del vacío que dejaron sus dueños, incluidos niños, en sus parientes.
El asunto ha tomado relevancia nuevamente después que una jueza, Lauracelis Roques Arroyo, permitiera que se verificaran los certificados de defunción de las personas fallecidas desde el 20 de septiembre, cuando azotó el huracán María, al 31 de diciembre del año pasado, lo que permitió conocer que superaban por 1.397 los ocurridos en 2016.
A este incremento de 14 por ciento en las muertes en ese periodo, se añade el almacenamiento de cuerpos en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), donde cuatro vagones de arrastre preservan cuerpos refrigerados que no caben en las instalaciones de la institución, saturada además por falta de unos seis patólogos forenses debido a la crisis fiscal que ha llevado al país a la bancarrota.
Muchas muertes también se produjeron en los hospitales, al quedarse sin respuesta inmediata al colapsar el sistema de energía eléctrica y tardar, por diversas razones incluido el desplazamiento vehicular, el abastecimiento de combustible para las plantas generadoras de electricidad.
A esto se añadió la carencia de agua potable al dejar de funcionar las bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al no contar con energía eléctrica.
Esta isla del Caribe, bajo el dominio colonial de Estados Unidos que hace casi dos años le impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para controlar la finanzas públicas y asumir su responsabilidad con los acreedores de su deuda de más de 73 mil millones de dólares, no parece hallar su norte.
La situación de pobreza en que viven 1,2 millones de personas de sus 3,5 millones de habitantes es señalada como una de las razones para que se perdieran tantas vidas con el ciclón María, luego del colapso de la energía eléctrica, al punto de que todavía hay miles de personas a las que no se les ha restablecido ese servicio.
Como parte de la crisis generada por el huracán María, algunos municipios chocaron con la realidad de la falta de espacio en sus cementerios para acoger el gran flujo de fallecidos, particularmente personas de la tercera edad, muchas de las cuales murieron porque requería ventiladores para respirar o por falta de los fármacos recetados.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico, que recurrió a los tribunales ante la violación de normas constitucionales de acceso a la información pública, también ha dejado establecido mediante indagatoria en los diversos pueblos, que la cifra de muertes dista mucho de la que se quiere mantener de modo oficial.
Es posible que cuando se conozca el estudio que realiza la George Washington University finalmente se despejen las dudas de las vidas perdidas en este país, aunque siempre quedará la suspicacia del porqué el gobierno ocultó, incluso al presidente estadounidense, Donald J. Trump, la magnitud de la catástrofe al decirle que sólo habían ocurrido 16 muertes al momento de su visita el 3 de octubre del año pasado.
