La primera sesión del Foro Permanente sobre la reforma de la Ley General de Educación, convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), concluyó que la revisión y la reforma de esta legislación deben garantizar la educación como un derecho humano de toda la población sin discriminación.

Los panelistas Pablo Mella, del Centro Bonó; Desiree del Rosario, coordinadora académica del Centro de Género de INTEC, y Enrique de León, exsecretario general de la ADP, coincidieron en que en la ley de Educación se refuercen las garantías de la educación como derecho humano, y por tanto su universalidad, carácter público, gratuidad y su acceso efectivo de todos los sectores y personas sin discriminación por sexo, origen, nacionalidad, religión, edad, raza, etnia, condiciones especiales, discapacidades y por cualquier otra índole.

Insistieron en la necesidad de que la escuela dominicana enseñe educación sexual y salud reproductiva desde los primeros años, en proporción a la edad y a las necesidades del desarrollo físico y espiritual de las y los educandos.

Asimismo, coincidieron en que la educación dominicana debe ser laica como lo es el Estado, entendiendo la laicidad como la neutralidad ante todas las religiones existentes.

Manifestaron que el reconocimiento del carácter laico de la educación pública es una tarea pendiente en el país desde el siglo antepasado y una deuda con el ilustre pensador y maestro Eugenio María de Hostos.

A través de un comunicado de prensa de la ADP enfatizaron en que se debe ofrecer una educación con equidad de género y que los alumnos tienen derecho a una educación no sesgada por razones ideológicas, religiosas o pseudo moral.

Coincidieron en que la ley 66-97 debe adecuarse a la Constitución de la República, a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo,1-12 y a los acuerdos del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, 2014-2030 que establecen mayores condiciones garantistas al derecho de educación.

Indicaron que el criterio fundamental que debe primar es ampliar los derechos consignados en la legislación existente y nunca recortarlos o condicionarlos.

Igualmente, estuvieron de acuerdo con la prestación privada del servicio de educación o la educación privada, aunque sujeta a controles y a la supervisión del Estado.

En ese sentido, señalaron que la educación privada no puede ser de menos calidad que la pública, el precio debe estar en relación a esta calidad y los docentes que trabajen en este sector deben poseer al menos las mismas condiciones laborales que los públicos.

Por su parte, el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, informó que en las sesiones del Foro que se celebrarán los próximos jueves 21 y 28 de junio, se abordarán los temas de la carrera docente y la seguridad social, y la desconcentración y descentralización de la educación dominicana.

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