El requerimiento de seguridad es un elemento fundamental en la vida de los dominicanos. Cuando la gente se siente insegura, incluso en su casa, experimenta algún nivel de frustración respecto a la sociedad en que vive.
Por eso, cuando se asocia la falta de seguridad a la idea de sociedad democrática, llamada a garantizar el ejercicio de libertades civiles, surge la pregunta de qué hacer con un estado de derecho que sucumbe bajo el accionar de los delincuentes con capacidad para impactar la convivencia social.
El Estado garante de la libertad está en la obligación de fortalecer los medios que permitan disfrutarla.
Las sociedades modernas, cada vez más pobladas, han visto que no pueden someter el crimen mediante una excesiva presencia de uniformados en las calles.
Habitantes de ciudades que sólo veían militares en las calles en estados de excepción o emergencia, descubren ahora patrullajes preventivos por el accionar del crimen organizado o de grupos terroristas.
En el caso dominicano, la latencia del terrorismo no es un problema. El gran reto lo constituye el raterismo y la criminalidad organizada. Igual, es imposible detenerlos mediante la militarización o la creciente presencia policial, necesaria, pero no imprescindible.
El ojo mágico de la videovigilancia tiende a ser la solución. Por eso, el Estado, como garante de la paz social, debe seguir apostando al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, porque es la herramienta con mayor posibilidad de contribuir al control en las calles y a la prestación de servicios esenciales.
La expansión a otras 17 localidades es una buena noticia. Cuesta como cinco mil millones de pesos más, pero es necesaria.
El ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo dice que en 60 días el servicio de emergencia y videovigilancia llegará a Peravia, La Romana y San Pedro de Macorís. Luego a Bonao, La Altagracia, Samaná, Monte Plata. En 2019 el 9-1-1 será expandido a Azua, Barahona, Duarte, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Hato Mayor, San Juan y El Seibo, y en 2020, llegará a San José de Ocoa, para alcanzar a más del 92% de la población.
El 9-1-1 es una herramienta que ayudará a devolver confianza ciudadana y por ende, calidad a la democracia.
