Confieso desagrado por el teatro montado mediáticamente por el Procurador General de la República, a propósito del expediente Odebrecht. Se fue hacer sus planteamientos, no para un tribunal, sino para un gran público que está incapacitado para juzgar. No lo está porque no es su competencia y porque se refirió a lo mucho que ha trabajado buscando pruebas, sin referir ninguna.

Hace casi un año incriminó y agravió 14 encartados y ahora deja fuera a ocho. Lo hace tan alegremente como los incluyó. Aquella vez y esta vez públicamente, como a quien poco le importa. De esos ocho hace archivo provisional para dejarlos pendientes, como el que mantiene una amenaza que puede tener consecuencias políticas.

¿Cómo se desagravia ahora a éstos ligeramente afectados? Deja seis y entra por la moña a un séptimo. Los acusa desde lavado, enriquecimiento ilícito, soborno, asociación de malhechores.
Irse a la televisión y decir que aquellos ya no y que éstos sí, habiendo dicho de aquellos algo igual a lo que dice de éstos; aquellos ya no, como si se tratara de una conversación superficial entre parroquianos de un colmadón, después de varías cervezas y no saber de qué tema tratar.

El abuso no es haberlos acusado, sino hacerlo sin pruebas y denunciarlos como delincuentes ante el país ¿cómo no creer que con éstos pasará igual?

Su discurso ante el país fue una típica politización de la corrupción, cuando su papel es judicializarla. Llamó la atención de muchos que, conociendo lo insustanciado de su expediente, empezaran ya a responsabilizar a los jueces. Lo dijo al final y de esta manera:

“Ahora corresponde al juez examinar estas pruebas y determinar su justo valor en el contexto de los hechos, las personas involucradas y la línea de tiempo presentada por el Ministerio Público. Si queremos seguridad jurídica, confianza e institucionalidad, todos debemos cumplir con nuestro papel. Nosotros en el Ministerio Público tenemos la responsabilidad de someter a la justicia a quienes infrinjan la ley y son los jueces los responsables directos de administrar justicia y tomar la decisión final sobre cualquier expediente. Por eso, los exhorto a que nos acompañen en este camino, a que se mantengan atentos y observen cuidadosamente el accionar de cada uno de los que participen en este proceso”.

Eso es politizar el expediente aún más. Se pone alante para cuando uno o varios jueces no puedan decidir sobre lo que ha depositado el Ministerio Público y no tengan en que sustentar una condena. Por eso ya lo adelantó.

Llama la atención sobre esa parte final donde dice: “Exhorto a que nos acompañen en este camino, a que se mantengan atentos y observen cuidadosamente el accionar de cada uno de los que participen en este proceso”.

Es una especie de concierto para que la responsabilidad, al caer sobre los jueces, se diga que hay impunidad.

En nombre de la “Marcha Verde” ya hay un grupo de personas que han acampado frente al Palacio de Justicia; reclaman no a la impunidad. Sin embargo, no parece tratarse de la “Marcha Verde”, porque ellos coinciden con lo que expresa el Procurador sobre la impunidad. Luce ser un acto de una obra de teatro, colocando personas para quitarle responsabilidad al Procurador. Los dirigentes conocidos, deben confirmar esa presencia.

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