Madrid. Los partidos opositores españoles iniciaron una enérgica campaña ayer viernes para expulsar al gobierno de derechas del presidente Mariano Rajoy, después de un fallo judicial según el cual su Partido Popular se benefició de una amplia trama de sobornos a cambio de contratos.
Sin embargo, Rajoy descartó su renuncia y dijo que estaba resuelto a continuar en el poder hasta el fin de su mandato en 2020.
El partido socialista anunció una moción de censura contra el presidente con respaldo de partidos de izquierda, en tanto que Ciudadanos, que hasta ahora había apoyado el gobierno minoritario, exhortó a Rajoy a convocar a elecciones.
“Todo esto no tiene ningún sentido”, dijo Rajoy, de 63 años, en una conferencia de prensa televisada. Calificó la medida opositora de “oportunista” y dijo que “esta moción de censura va contra la estabilidad en España, perjudica la evolución económica, introduce mucha incertidumbre y es lesiva para los intereses de todos los ciudadanos”.
Todo esto sucede después que los jueces de la Audiencia Nacional condenaron a 29 empresarios y exdirigentes del Partido Popular por delitos que incluyen fraude, evasión impositiva y lavado de dinero en el marco de una trama que duró de 1999 a 2005 y que, según la sentencia, ayudó a financiar al partido gobernante.
“La sentencia ha provocado indignación social” y “pone a España al borde una crisis institucional excepcional”, dijo el dirigente socialista Pedro Sánchez.
“La situación que se ha creado de desafección política y de crisis de confianza tiene un único responsable: Mariano Rajoy”, añadió. Las normas parlamentarias requieren proponer a un presidente alternativo junto con la moción de censura.
Sánchez dijo que en caso de ganar, convocará a elecciones, pero solo después de recuperar la estabilidad y la normalidad y sanear las instituciones públicas.
Altos dirigentes del PP crearon red de empresas
Además de condenas de prisión por un total de 351 años a 29 individuos, los jueces impusieron una multa de 245,000 euros (287,000 dólares) al partido oficialista como “participante a título lucrativo” de la trama. El veredicto tuvo en cuenta la creación de una red de empresas y altos cargos del partido para organizar viajes y eventos para el PP a cambio de contratos públicos.
