Nadie más responsable que las autoridades del gobierno, llámese Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Ministerio de Medio Ambiente, que no accionaron como debieron frente a Lajún, por el tejemaneje a que recurrió para apropiarse de los terrenos del vertedero de Duquesa.

Ahora el Poder Ejecutivo a la defensiva anuncia que contratará especialistas para enfrentar un recurso de arbitraje interpuesto por Lajún, que se siente agraviada por supuestos daños por su abandono del vertedero de Duquesa.

Bien podría decirse: -Bueno que les pase. Porque no hicieron en su momento lo que correspondía.

Los medios de comunicación evidenciaron que los terrenos de Duquesa son propiedad del CEA, que fueron asignados por el Poder Ejecutivo para uso del ayuntamiento del Distrito Nacional como destino final de los desperdicios de la ciudad de Santo Domingo.

Entonces aparecieron actos de venta y transferencias de un bien del CEA a terceros que a su vez se los traspasaron a la compañía, mediante operaciones de dudosa legitimidad. El aval del Congreso Nacional a esa operación en el aire no pudo jamás documentarse. Y posteriormente el CEA confirmó que seguía siendo legítimo propietario de los terrenos.

¿Qué debió hacer el Estado, a través del CEA? Había que perseguir penalmente a los autores de la cuestionable venta. Y no lo iniciaron. Prefirieron la vía de la Jurisdicción Inmobiliaria, sin más propósito que la simple recuperación formal de los predios.
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene potestad –incluso por vía administrativa- de aplicar sanciones por los daños causados y por las recurrentes afectaciones de la población con secuela en la salud pública, se ha limitado a amenazar, sin consecuencias.

Ha debido perseguir oportunamente a la compañía mediante los recursos que le provee la ley 64-00. Pero parece que resulta más redituable políticamente la amenaza mediática que las acciones.
Lo que se ha percibido siempre es que las autoridades han sido muy permisivas con Lajún, por motivos que sólo ellas conocen.

Lo que habría que esperar es que la empresa, pese a su historial con el manejo del vertedero, no termine ganando causa en un arbitraje internacional, por la falta de iniciativa oportuna y firme de las autoridades.

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