El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, manifestó este martes que la Ley 169-14 o Ley de Naturalización Especial es una legislación que fue consensuada por la comunidad política y social al momento de su aprobación, por lo que rechazó la sugerencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDDHH) de dejar sin efecto sus disposiciones.
Vargas Maldonado afirmó que dicha Ley se corresponde con el proceso migratorio que está realizando la República Dominicana, y que en tal sentido entiende que esta se contempló en el marco de ese gran consenso nacional.
“No hay tal dictamen, lo que hay es un llamado y en ese sentido, nosotros entendemos que esa ley se corresponde con lo que es la sentencia 168/13 que realmente se corresponde con lo que debe ser este proceso de inserción de lo que es el proceso migratorio que está llevando a cabo el Gobierno dominicano”, dijo el funcionario tras dejar iniciado la ejecución de los trabajos para la habilitación de los servicios de apostilla y legalización en Línea, en un acto realizado en la Cancillería.
Agregó que ante esta situación no es necesario que el país se salga de organismos internacionales como este, porque de acuerdo a su declaración, recientemente esta nación fue sacada del capítulo IV, mejor conocido como la “lista negra”, tras la CIDDHH reconocer implementadas por el Estado para dar solución a la grave situación en la que viven miles de personas (en su mayoría de origen haitiano) que no gozan efectivamente de su derecho a una nacionalidad y los efectos que esto tiene en el goce de sus derechos humanos.
“Nosotros gestionamos los organismos competentes y en proceso de prácticamente un año, logramos salir del capítulo IV de manera que nosotros como país somos apegados también al respeto de los derechos humanos, pero entendemos que como país soberano debemos preservar nuestro derecho nacional”, subrayó.
