La comisión de juristas designada por la Cámara de Diputados, para evaluar las leyes que deben ser aprobadas para adecuar la Constitución del 2010, entregó ayer un pliego de propuestas al presidente del órgano legislativo, Rubén Maldonado.

La comisión, coordinada por el expresidente de la República Rafael Alburquerque, informó que en total son 104 los proyectos que faltan por sancionar y de estos 64 cursan en la Cámara Baja. Explicó que el trabajo de los comisionados, en una primera parte, era identificar estas leyes y, en una segunda fase, elaborar las que aún no hayan sido sometidas por legisladores al Congreso Nacional.

Indicó que la comisión entregó en esta primera fase tres anteproyectos de ley.

Dentro de las iniciativas que la comisión propuso está la “de jurisdicción contencioso-administrativa”, que procura desarrollar el mandato de los artículos 138 y 139 de la Constitución, referidos al control de los actos administrativos por los tribunales y el procedimiento para que la ciudadanía acceda a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Alburquerque afirmó que, conjuntamente las leyes 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y 107-13, sobre derechos y deberes de las personas en su relación con la administración pública, este proyecto de ley completaría el ciclo de reformas diseñado por la Constitución del 2010 sobre la estructura del Estado y las relaciones de los ciudadanos con la administración pública.

Asimismo, esta propuesta de legislación busca crear una jurisdicción nacional de lo contencioso-administrativo con doble grado de jurisdicción, como establecen los artículos 164 y 165 de la Constitución.

“De igual manera, permitiría destrabar el Tribunal Superior Administrativo (TSA) a través de la creación a nivel nacional de tribunales especializados sobre la materia”, señaló el jurista.

Otro de los proyectos elaborados por la comisión es el de derecho de petición, el cual busca desarrollar del mandato del artículo 22.4 de la Constitución, referido a la prerrogativa constitucional de los ciudadanos de formular peticiones públicas a los poderes estatales para solicitar medidas de interés público.

En este renglón también está el derecho de petición, junto a los derechos políticos de elegir y ser elegido, un derecho de ciudadanía incorporado por la reforma constitucional del año 2010.

Además de Alburquerque, la comisión la integran los juristas Namphy Rodríguez, Manuel Fermín, Edyson Alarcón, Servio Tulio Castaños, Ramón Núñez y Ana Carolina Blanco Haché.

Depositan propuesta de la ley de publicidad

Como parte del paquete, la comisión de juristas también entregó una propuesta de ley general de publicidad, la cual busca desarrollar el mandato de los artículos 49, 52 y 53 de la Constitución, cuyo objetivo es crear un marco general regulador sobre el mercado publicitario del sector privado, regulando la publicidad como acto creativo, los contratos publicitarios, la relaciones entre anunciantes, medios de comunicación y público receptor.

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