Ley de partidos: diferencias o desinterés

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Concluye la actual legislatura en el Congreso Nacional y con ella perimen una serie de proyectos de leyes de vital importancia para la vida política y social del país. Entre estos proyectos se encuentran la ley de partidos y la reforma del régimen electoral. Transcurridas dos legislaturas, después de su presentación a principios del 2017 por parte JCE, estas iniciativas se caen y tendrán que ser introducidas de nuevo. Esta no es la primera vez que pasa, pues estamos ante proyectos de leyes que tienen muchos años en el debate público sin que hayan sido aprobados.

En esta ocasión, después de meses de trabajo de la comisión bicameral en los que trató de establecer un consenso en torno a la ley de partidos políticos, salieron a relucir diferencias que impidieron su aprobación. Los principales disensos se han dado en torno al tipo más conveniente de primarias para la selección de candidatos a cargos de elección popular (abiertas o cerradas), al tope de financiamiento y a la cuota femenina. El primero de estos temas ha supuesto una fuerte confrontación a lo interno del PLD, al extremo que ha impedido que los oficialistas definan una posición de conjunto y por lo tanto, estancado el trabajo de la comisión bicameral.

Estos disensos no dejan de ser importantes, sin embargo, podrían estar ocultando la verdadera razón que impide la aprobación de un nuevo marco jurídico en materia política y electoral. Para nadie es un secreto que durante más 15 años ha habido una fuerte resistencia en el sistema de partidos, a la aprobación de reformas que supondrían un mayor control y fiscalización de la vida interna de los partidos políticos y de los procesos electorales. Hasta el momento, los líderes políticos no han dado muestra de su voluntad real para limitar los factores que generan inequidad en la competencia electoral, entre ellos, la entrada ilimitada y opaca de dinero en la política.

Esta actitud supone un riesgo muy alto para la estabilidad política de la República Dominicana. El desinterés en las reformas políticas y electorales puede llevar a que asistamos a un nuevo proceso electoral sin un marco legal adecuado para su regulación. El presidente de la JCE indicó recientemente que si la ley de partidos y la electoral no se aprueban antes de agosto de este año, no podrían entrar en vigencia para las elecciones del 2020. Unas elecciones de por sí complejas, pero además, sin reformas electorales previas, podrían derivar en una profunda crisis electoral que ponga en juego la gobernabilidad
democrática en el país.