El 12 de enero de 2015, en la pág. 8 de este diario, publiqué el siguiente artículo, evaluando el desempeño de la “justicia” en el año 2014. Hoy, observando la “justicia” en el año 2017, vemos que todo sigue igual, o peor.
Preguntas para una encuesta: ¿Confía usted en la justicia dominicana? ¿Considera que es independiente del poder político? ¿Cree que habrá condena en algún caso de corrupción importante? Entre otras posibles. Luego, con los resultados, se ahondaría en las deficiencias del sistema, que discrepa mucho de lo descrito por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en su discurso del 07 de enero del presente año.
Sobre estos temas de fondo el Presidente de la SCJ no dijo “ni pío”. El discurso fue bueno, pero por lo que no dijo.
Dentro de esta lógica el principal problema de la justicia, no son los recursos –siempre escasos- ni la fluidez o lentitud de los “casos atendidos” sino de “credibilidad”. Y, el pasado año, la dejó muy mal parada.
Y la “credibilidad” de la justicia no debe verse en función de casos que entren al sistema y que se concluyan, ni por la cantidad de procesos disciplinarios contra jueces de base.
Quien conoce la justicia penal, por ejemplo, sabe que esta es una “farsa” y que más del 90 por ciento de los imputados son “pobres diablos”, “muchachos de mandados” o “enfermos” que solo sirven para engrosar las estadísticas judiciales y a los que se les debería dar otro tratamiento. La “credibilidad” de la justicia debe aquilatarse en función de su capacidad para limitar, frenar y castigar al poder, a quien abuse del mismo, como lo hace con cualquier ciudadano de a pie. Y allí reprueba nuestra justicia.
Y, ese “principal problema” de la justicia dominicana se debe a la dependencia del poder político del alto tribunal. Estos jueces pueden ser “políticos”, ideológicamente hablando, pero no “partidistas” y menos aún dependientes de líneas o ejecutores de designios particulares. Ese es el punto.
Estas deficiencias nacen desde la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, luego de un “tele-maratón” mediático con previsible resultado. Todo el país conocía en aquel momento, con la excepción de algún juez de la Suprema de entonces, quien sería el nuevo Presidente del tribunal.
Ahí empezó el asunto. Aunque lo grande fue la posterior conformación de la “Sala Penal” de la SCJ, donde pusieron un valorado diamante, para justificar o legalizar la falta de luz circundante.
Los jueces supremos no tienen opción, son nombrados por el Poder Político, pero deberían ser, como afirmara una vez el Magistrado colombiano Carlos Gaviria Díaz, “malagradecidos con quien los designa y luego de su elección solo responder a la Constitución y a la ley”. Al respecto pregunto, y la respuesta podría resumir la “credibilidad” de la Justicia dominicana: ¿Cree usted que es así?.
