La información dada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de que las recaudaciones durante el año 2017 sobrepasaron la meta presupuestada, se constituye en una buena noticia. A pesar de la reducción del nivel de crecimiento económico, las recaudaciones a través de la DGII no solo superaron lo programado en más de RD$ 2,000 millones, sino que crecieron en más de un 10% en relación con el año 2016. Este incremento de las recaudaciones se dio además, en un contexto en que no se han llevado a cabo reformas tributarias. La explicación está en los esfuerzos llevados a cabo para mejorar la administración tributaria en el país.
Las políticas públicas dirigidas a promover el crecimiento económico sostenible, el desarrollo humano y la reducción de la pobreza y la desigualdad, requieren de un Estado en capacidad de manejar recursos económicos suficientes. En el caso dominicano, se adolece del problema de una baja presión tributaria, que hace del nuestro un Estado débil. En tal sentido, hacer más eficiente la gestión de Impuestos Internos, en procura de reducir la evasión y la elusión fiscal, es un primer paso en la dirección de cambiar esta situación. Esto cobra aún mayor relevancia en medio del constante déficit fiscal que caracteriza a la economía dominicana.
Sin embargo, este avance no es suficiente. Los recursos siguen siendo muy limitados para cumplir con las metas gubernamentales. Es necesario que al mismo tiempo el Estado asuma el compromiso de mejorar la calidad del gasto público. Es mucho lo que se puede hacer para lograr un uso más eficiente y racional de los recursos públicos. Un gasto de calidad supone establecer prioridades en aquellas políticas que contribuyan a mejorar la producción y competitividad del país y a cambiar las condiciones de precariedad en las que viven miles de familias dominicanas. Eliminar las duplicidades de instituciones públicas y promover la transparencia y la rendición de cuentas ayudan en ese propósito.
Los dos temas anteriores conducen a generar una mayor confianza sobre la posibilidad de un cambio aún más profundo, como lo supondría una reforma integral de la estructura tributaria de la República Dominicana. Este es el propósito del Pacto Fiscal que está contenido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030). Tenemos serios retrasos en esta iniciativa, pero el país está obligado a llevarla a cabo. Sin una nueva fiscalidad que implique una estructura tributaria más progresiva y una forma distinta de usar los recursos públicos, no es posible darle sostenibilidad a los esfuerzos que se hacen actualmente en materia de políticas sociales, económicas y tributarias.
