La corrupción es una enfermedad global, más crítica en unas sociedades que en otras. En América Latina ha hecho metástasis después de los escándalos protagonizados por Odebrecht. República Dominicana es parte de esa realidad.
Siempre se ha hablado de la corrupción, pero quizás no se había denunciado tan enfáticamente como en estos tiempos. Ahora se cuantifica. Esa cuantificación puede resultar exagerada o cierta, pero es tan dramática que la sociedad debe comprometerse a trabajar sistemáticamente por combatirla y eliminarla.
La organización internacional Oxfam hizo un cálculo con un procedimiento que pudiera ser cuestionable o certero. En cualquier caso devela lo cara que sale la corrupción a los dominicanos. El estimado es que cada año cuesta la escandalosa suma de RD$26,000 millones, o sea, el 0.7% del PIB estimado al 2017, según el estudio “Se buscan recursos para garantizar derechos”.
El documento señala que ese volumen es 3.5 veces superior a lo dedicado este año en el Presupuesto de la Nación a la educación inicial y dos veces superior a lo asignado para el abastecimiento de agua potable. Representa también más recursos que el presupuesto de diez ministerios del Gobierno Central como la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Deportes, Cultura, Trabajo, Energía y Minas, Administración Pública, de la Mujer y el de la Juventud.
Si es como dice Oxfam, es una barbaridad que debe ser evitada a toda costa. En consecuencia, obliga a los gobernantes a adoptar políticas y medidas para detener ese drenaje de la economía.
Lo peor de todo es que si bien en los últimos tiempos la población es más sensible al problema, persiste una actitud de tolerancia. En el pasado la gente de hecho la justificaba de la manera siguiente: “Fulano coge, pero boronea”.
La corrupción y quienes la propician merecen el repudio más extendido. Cuánto ha ocurrido debe servir para que quienes gobiernan se digan: Ya está bueno. Debemos crear los instrumentos para detener esta perversidad.
