La directora de la Defensoría Pública, doctora Laura Hernández, dijo que entre los retos que enfrenta esa entidad está el afianzar la aplicación del mecanismo procesal, garantizar la prisión preventiva, los traslados y un mayor presupuesto.Al hablar en el marco de la celebración del Programa Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia: “Balance y Retos de la Defensoría Pública”, que auspicia la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Hernández indicó que en el país más del 70 por ciento de los presos son preventivos, debido, entre otras cosas, a la deficiencia del viejo sistema penitenciario.
Recordó que aunque en el presupuesto del 2018 se le hizo un “ligero” aumento de 80 millones de pesos, el mismo no es suficiente, ya que sólo cuentan con casi 150 defensores en todo el país, cuando deberían de tener unos 400 o más para suplir la demanda, en 28 oficinas, donde todavía hay muchos lugares que no tienen oficinas de Defensoría.
Recordó que todavía le restan 8 oficinas por abrir, porque el hecho de que hayan todavía en el país lugares que no tengan oficinas de Defensoría, es una franca violación a la Constitución, que establece que el servicio a la Defensa Pública de cada ciudadano debe ser gratuito y en todo el territorio nacional.
“Necesitamos aumentar el número de “defensores”, un mayor presupuesto, una Escuela de Defensoría Pública, así como enfrentar con éxito la efectividad del proceso; como aquel en que un Estado te diga, te dejo en prisión para garantizar el debido proceso, y después no haya forma de seguir con tu caso, porque alega que no hay condiciones para tu traslado a los tribunales”, explicó.
Indicó asimismo, que esto último trae como consecuencia la dilación del proceso, y la causa de que casi un 75 por ciento de los presos sean preventivos en el país; a lo que dijo se unen las grandes diferencias que existen entre el nuevo modelo penitenciario y el viejo, con el agravante de que la mayoría de reclusos todavía están en el viejo modelo penitenciario.
