15 fiscales generales encabezados por Schneiderman desafían el retraso ilegal de un año de la EPA en proteger la salud pública de la peligrosa contaminación atmosférica
El fiscal general de Nueva York, Eric T. Schneiderman, encabeza una coalición de 15 fiscales generales estatales, en una demanda contra la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) y su Administrador Scott Pruitt por detener ilegalmente la designación de áreas afectadas por niveles insalubres de ozono a nivel del suelo (conocido como niebla tóxica) – lo cual es vital para proteger a los neoyorquinos y los estadounidenses de la contaminación peligrosa.
Según la Asociación Americana del Pulmón, más de 115 millones de estadounidenses – incluidos 6.7 millones, o uno de cada tres, neoyorquinos- respiran niveles nocivos de ozono, que a menudo llega de lugares muy lejanos de otros estados con regulaciones de aire menos estrictas. Las designaciones, que el Administrador de la EPA Scott Pruitt demoró recientemente durante un año, desempeñan un papel clave bajo la Ley de Aire Limpio al abordar la seria amenaza a la salud pública, al requerir planes estatales y plazos para reducir la contaminación en las áreas designadas.
“Uno de cada tres neoyorquinos está respirando niveles peligrosos de contaminación por niebla tóxica que fluye de otros estados. Una vez más, la EPA de Trump ha optado por poner a los contaminadores por delante de la salud pública del pueblo estadounidense”, dijo el Fiscal General Eric Schneiderman. “Al bloquear ilegalmente estas protecciones vitales para el aire limpio, la EPA está poniendo en peligro la salud y la seguridad de millones de personas, pero los fiscales generales han dejado claro: no dudaremos en luchar para proteger a nuestros residentes y nuestros estados”.
Los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Washington, y el Distrito de Columbia, se unen a la demanda del Fiscal General Schneiderman. Haga clic aquí para leer la demanda.
La coalición de fiscales generales está desafiando al retraso de un año del Administrador de la EPA, Scott Pruitt, en designar áreas con niveles insalubres de niebla toxica, una violación los requisitos de la Ley de Aire Limpio y una decisión arbitraria y caprichosa.
En octubre de 2015, la EPA revisó las normas nacionales de calidad del aire para detectar niveles de niebla tóxica. La Ley de Aire Limpio requiere que la Agencia, dentro de los dos años siguientes a la emisión de normas nuevas o revisadas, designe las áreas del condado que están en «cumplimiento» o «no cumplimiento» con estas normas de salud pública y bienestar. En el caso de los estándares de niebla tóxica de 2015, se requería que la EPA emitiera designaciones de cumplimiento o no cumplimiento antes del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, el 28 de junio de 2017, el Administrador de la EPA, Pruitt, publicó un aviso retardando la fecha límite para las designaciones de niebla tóxica para todas las áreas en el país por un año – al 1 de octubre de 2018.
La designación de áreas para las normas nacionales de calidad del aire es una obligación legal clave en virtud de la Ley de Aire Limpio – y para proteger la salud pública. Para las áreas designadas como no alcanzadas por las normas, los estados deben adoptar «planes de implementación», un conjunto de acciones que el estado emprenderá para reducir la contaminación a fin de asegurar que las normas se cumplan en esas áreas. Los plazos para la presentación de los planes de implementación – y para asegurar que las normas de calidad del aire se cumplan dentro de las áreas designadas – estén directamente relacionados con la fecha de las designaciones de la EPA.
Según la EPA, los estándares de niebla tóxica actualizados de 2015 mejorarán la protección de la salud pública, especialmente para los grupos en riesgo, incluyendo niños, adultos mayores, personas de todas las edades que tienen enfermedades pulmonares como asma y personas que están al aire libre. De hecho, la agencia estimó de manera conservadora que el cumplimiento de los nuevos estándares de niebla tóxica resultaría en beneficios netos anuales de salud pública de hasta $4,5 mil millones a partir de 2025 (sin incluir California), al mismo tiempo que se evitará aproximadamente:
- 316 a 660 muertes prematuras;
- 000 ataques de asma en niños;
- 160,000 días escolares perdidos;
- 000 días de trabajo perdidos;
- 630 visitas a la sala de emergencias relacionadas con el asma; y
- 340 casos de bronquitis aguda en niños.
La niebla tóxica se forma cuando los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles y el monóxido de carbono emitidos por las centrales eléctricas, los vehículos de motor, las fábricas, las refinerías y otras fuentes reaccionan en condiciones adecuadas. Debido a que estas reacciones se producen en la atmósfera, la niebla tóxica puede formarse lejos de donde se emiten sus gases precursores y, una vez formada, esta niebla tóxica puede viajar distancias muy lejanas. Esa es la razón por la cual, a pesar de promulgar rigurosos controles en el estado sobre las fuentes de estos contaminantes, muchos estados – incluyendo Nueva York – no son, solos, capaces de cumplir con los estándares federales de calidad del aire basados en la salud para enfrentar la niebla tóxica.
Adrienne Esposito, directora ejecutiva de campaña de Ciudadanos por el Medio Ambiente, dijo: “La ciencia que relaciona la niebla tóxica con impactos adversos para la salud es clara y definitiva. Retrasar el logro de estándares para contaminación peligrosa de niebla tóxica perjudicará directamente a los neoyorquinos y es claramente un intento de priorizar los intereses corporativos sobre el interés del público. La EPA debe evaluar la línea de fondo de sus acciones por su eficacia en la protección del público, no la alegría de los accionistas corporativos. Estamos agradecidos por el liderazgo del Fiscal General Schneiderman y su coalición de 16 fiscales generales, que claramente se preocupan por la salud del público al que han jurado servir”.
Este asunto está siendo manejado por la Oficina de Protección Ambiental de la Fiscalía General por el Fiscal Adjunto Brian M. Lusignan bajo la supervisión del Jefe de la Sección Afirmativa Morgan A. Costello. La oficina es dirigida por el jefe de la oficina Lemuel M. Srolovic y forma parte de la División de Justicia Social, dirigida por el Fiscal Ejecutivo de Justicia Social Alvin Bragg.
