En algún tramo de las movilizaciones de Marcha Verde, comentábamos que sus auspiciadores debían ser cautos y tratar de definir con cierta calidad sus estrategias.Marcha Verde ha sido, desde el punto de vista de la participación social, una iniciativa exitosa, toda vez que ha logrado motivar a miles de dominicanos por una causa justa.
Sus manifestaciones se han caracterizado por el orden, sin que se pueda identificar siquiera algún incidente callejero. Es en alguna medida un fenómeno raro en un país donde se consideraba que las movilizaciones populares eran “buenas” sólo cuando terminaban en un enfrentamiento con la Policía.
Marcha Verde ha privilegiado el sentido colectivo en la coordinación de sus actividades, evitando que el mando se concentre en una persona, mediante la rotación de vocerías.
El movimiento ha inaugurado una forma nueva en la cultura de actuación de las fuerzas políticas que se definen progresistas.
Con sutileza, igualmente ha evitado que determinados sectores políticos, de centro, izquierda o derecha, les saquen ventajas particulares a sus acciones.
Debe reconocerse que el movimiento tiene hasta cierta belleza.
Pero, y aquí está el pero, el domingo pasado surgió de su seno en la marcha de Navarrete un pedimento nuevo, no ya que se investigue el financiamiento de la campaña del presidente Danilo Medina que le permitió alcanzar el poder en 2016, sino que su gobierno renuncie en pleno.
No resulta perceptible medir el eco. Pero podría ser que constituya un jarro de agua fría entre algunos “entes importantes” que venían estimulándolo.
Con la consigna de rechazo a la impunidad y la corrupción se ganaron un extendido apoyo. Ir más allá, como pedir la renuncia del gobierno, designar un gobierno provisional y convocar una Constituyente sin que siquiera lograran el propósito de sustentar cargos contra el Presidente, obviamente ha devenido en una falta absoluta de sentido, en un infantilismo político.
Ha sido un error. Marcha Verde no debe terminar en una frustración. Sus promotores deben quedarse en el éxito alcanzado y no pretender trascender más allá de los límites que les impone la realidad, y singularmente, las normas previstas en la Constitución y las leyes de la República.
