Por la arraigada costumbre nacional de simplificarlo todo, en los ámbitos políticos y mediáticos cuando se habla de corrupción el tema suele limitarse a la esfera del gobierno. Pero el fenómeno es un cáncer que afecta todo el tejido social dominicano.
Hubo tiempos, no del todo superados, en que abogados desaprensivos, actuando como una red, compraban casos laborales amparados en subterfugios legales en perjuicio del sector empresarial y en detrimento de la credibilidad de la justicia dominicana. Numerosas empresas sufrieron y aún sufren el embate de esta ofensiva, viéndose obligadas a pagar muy altas sumas en casos carentes de sustentación legal que en buen derecho y en una sana administración de justicia no habrían llegado siquiera a juicio.
Uno de los casos más sonado, deplorable y emblemático, ocurrió hace unos años, en mayo del 2011, en el polo turístico más importante de la nación. Se dio en una mañana soleada, en un hotel cinco estrellas de Punta Cana propiedad de una firma de prestigio mundial, entonces recién establecida en el negocio del turismo. Un grupo compuesto por oficiales de policía, abogados y alguaciles, acompañados por una turba, se apersonó al hotel con una orden de ejecución de embargo dictada por un juez de Higüey. La sentencia le era totalmente desconocida a la empresa y el caso nada tenía que ver con sus actuaciones laborales. Había sido obtenida por abogados que decían representar a cuatro obreros haitianos a los cuales, supuestamente, los constructores del establecimiento, no la empresa hotelera, le habían negado derechos laborales.
La turba se incautó de todos los muebles del lobby en medio de un tumulto y en presencia de cientos de turistas trasladados de prisa a otro lugar, ante el temor de que fueran agredidos. Un espectáculo deprimente que pudo verse en Youtube a nivel mundial.
