Hay municipios que se administran con relativa racionalidad y cuyas autoridades cumplen las misiones esenciales, generalmente con limitaciones.A veces esas limitaciones cobran mayores dimensiones porque los incumbentes no siempre están preparados para el desempeño y en vez de superar las dificultades las multiplican.
Algunos pueden contar con el instrumental mínimo y la preparación académica, pero suelen encontrarse con situaciones desastrosas que ralentizan la normalización de las actividades del municipio.
Es el caso, para citar el ejemplo de un municipio intermedio, de San Cristóbal, cuyo alcalde, Nelson Guillén se queja de que encontró un desastre organizacional, una nómina extremadamente recargada y deudas que todavía no ha podido cuantificar. De hecho, a consecuencia de una auditoría está abierto un proceso judicial a la gestión anterior.
Pero las situaciones más dramáticas las padecen municipios pequeños o muy pobres, que reciben una escasa asignación del presupuesto nacional y no tienen fuentes para captar recursos propios. En otros casos, se dan situaciones en las cuales el municipio tiene las condiciones para captar fondos, pero no las capacidades para recaudarlos, sea por falta de procedimientos o de recursos humanos.
En general, los municipios de la República no cuentan con las disponibilidades para cumplir las obligaciones que les impone la ley 176-07. Una buena parte tiene que ver con la falta de comprensión de las reglas previstas en esa norma, o la falta de medios para cumplirlas.
Si de verdad el Estado dominicano tiene interés en desarrollar y mejorar la calidad de vida de los pueblos y ciudades, las autoridades nacionales deben ser más sensibles ante las necesidades de los municipios.
La otra ley, la 166-03, vinculada a la financiación de los mismos, que les asigna un 10% mediante la siempre violada ley de Ingresos y Gastos Públicos, quizás deba ser reajustada, aterrizada, de modo que el monto que se establezca sea respetado. Igual habría que revisar la reforma a dicha ley sobre la distribución del gasto, nómina, servicios e inversión.
El Estado debe propiciar una discusión sobre política municipal, la realidad de los municipios y la impostergable reforma de la Liga Municipal Dominicana para que opere como agencia de entrenamiento para la importante gestión de pueblos y ciudades.
