La semana pasada mostramos un caso insólito: si el rapero Birdman, famoso por su album Pricele$$, viviese aquí y anduviese en su Mercedez Benz Maybach Exelero de US$8 millones, pagaría 50 dólares al año de placa, lo mismo que pagaría cualquier dominicano que posea un vehículo modesto. De seguro produciría un nuevo álbum en honor de nuestro sistema tributario: Taxle$$.
En esta entrega mostramos que nuestro sistema tributario, además de insólito, es ridículo. La República Dominicana es uno de los pocos países del planeta en el cual los impuestos al consumo aplican dependiendo de cómo compre el consumidor.
Supongamos que usted se dirige a una tienda para adquirir un Sony BDV-E3100 5.1 Channel 3D Blu-ray Disc Home Theater System with Built-In Wi-Fi. Cuando pregunta el precio, reacciona escandalizado por el precio: RD$23,990.00, unos 555 dólares. Antes de ir a la tienda, usted había chequeado en www.sony.com que el precio era de 299.99 dólares. Cuando pregunta al empleado de la tienda el porqué de la diferencia de 85% entre el precio aquí y en EUA, este le explica que ese equipo, para traerlo, hay que pagar un flete. Cuando llega a la aduana, paga un arancel de 20% sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight). Luego, sobre el valor CIF más el arancel, se paga un impuesto selectivo al consumo de 20%. Finalmente, sobre la suma del CIF, el arancel y el selectivo, se aplica el 18% de ITBIS. Le explica que en adición a esos impuestos, la empresa tiene que pagar los salarios de sus 17 empleados; las contribuciones de la seguridad social; los gastos de intereses del préstamo que tomó para preparar el local; la factura de electricidad; los gastos de transporte y telecomunicaciones; los gastos de publicidad; así como el alquiler y los gastos de mantenimiento de la tienda que cobra el centro comercial. Del beneficio que obtiene, sigue explicando el empleado, la tienda paga el 28% de impuesto sobre la renta. Conforme con la explicación, usted acepta pagar el precio.
Sucede que otro consumidor no cree nada de lo que dicen los comerciantes dominicanos. “¡Todos son unos ladrones!”. Este consumidor, decide comprar el equipo por internet. Entra a www.amazon.com y compra el equipo que según www.sony.com tiene un precio de 299.99 dólares. El equipo llega al país a través de una eficiente empresa de courier. Cuando la empresa presenta la documentación en la aduana, entrega una hoja de amazon.com con la información sobre el equipo y el precio. Según esta notificación de la orden colocada por el consumidor con una nota que dice “this is not a VAT invoice” (esta no es una factura para fines de ITBIS), el precio del equipo es de 199.99 dólares, al cual se le agrega un flete de 27.21 dólares, que es inmediatamente compensado con la “promoción” que ofreció amazon.com al comprador por los mismos 27.21 dólares, de manera tal que el precio final queda en 199.99 dólares. Es decir, un centavo de dólar por debajo de los 200 dólares de la suerte. Dado que el sistema tributario vigente en el país establece, por Decreto, que las importaciones recibidas en forma de “envíos expresos” con valor inferior a 200 dólares están exentas de impuestos, este consumidor adquirió el mismo equipo por el que usted pagó 555 dólares, a un precio que va entre 199.99 y 299.99, dependiendo de cual fue el precio real que el consumidor pagó a amazon.com. Este consumidor está feliz y con razón.
Amazon.com, lamentablemente, no crea un solo empleo en el país con las ventas que realiza a los dominicanos que compramos por internet. Tampoco paga aquí impuestos por los beneficios que obtiene cuando nos vende. Ni invierte en publicidad en la radio, la televisión y la prensa. Los comercios establecidos en el país, sin embargo, crean empleos, pagan impuestos e invierten 4,400 millones de pesos al año en publicidad. El sistema tributario vigente en el país fomenta a las empresas que no crean empleos ni pagan impuestos en el país y castiga a las que sí crean empleos y pagan impuestos. Definitivamente ridículo.
Tan aberrante como lo anterior es el impacto que este tratamiento impositivo diferenciado tiene sobre la equidad distributiva. La clase política se ha pasado décadas prometiendo que reducirá la pobreza y mejorará la distribución del ingreso. ¿Cómo entonces puede justificar que una mujer pobre o de bajo nivel de ingreso, cuando compra un par de zapatos en una de las tiendas del país, es obligada a pagar un precio que incluye un arancel de 20% y un Itbis del 18%, en cambio, si la que compra es una mujer de altos ingresos que los pide por internet y los declara en 199.99 dólares independientemente que cuesten 400, la liberamos del pago de ambos impuestos? Debería darnos vergüenza a todos.
Las compras por internet van a continuar y van a seguir creciendo. En la medida en que la población vaya comprobando que el internet no sólo es una herramienta efectiva para obtener información, sino también una opción cómoda, segura y eficiente para comprar, estas van a seguir aumentando. Nadie en su sano juicio se atrevería a plantear la prohibición de las compras por internet. De lo que se trata es si esa creciente base de actividad económica quedará al margen, exenta de la tributación.
Si esta aberración tributaria se mantiene, la única alternativa que tendrán los grandes comercios del país es la creación de hiperempresas de correo expreso. Las establecerían dentro de todos sus locales, los cuales servirían el propósito múltiple de vender físicamente a los que no puedan esperar, y de showroom para los clientes que luego pasarían al “departamento de ventas por internet libre de impuestos” para colocar su orden. La fuerte dotación de capital que tienen los grandes comercios les permitiría ofrecer durante un año a sus clientes, un servicio de envío gratuito. Eso les permitiría a los comercios tradicionales del país agenciarse en poco tiempo el 80% del mercado de correo expreso. Es cierto que esto afectaría a las 40 empresas de courier que operan en el país, la mayoría de las cuales quebrarían. “Dumping” dirán unos, destrucción creadora a la Schumpeter, otros. Fuese “dumping” o destrucción creadora, sería muy saludable, pues tendría el noble objetivo de beneficiar al consumidor. ¿O no? Es cierto, finalmente, que la incursión de los grandes comercios en el negocio de “envíos expresos” reduciría considerablemente las recaudaciones de la DGII y la DGA, bajando aún más la presión tributaria. Pero también es cierto, que la popularidad del Gobierno podría subir por encima del 85% en que se encuentra. Todos, absolutamente todos, estaríamos felices y contentos, menos Fernando y Guarocuya.
